Boyle Heights: solicitan investigación criminal del incendio de Lineage

Si bien el reporte del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) clasificó la causa del incendio de las instalaciones de Lineage Cold Storage como “indeterminada”, residentes de Boyle Heights no se dan por vencidos; quieren respuestas y solicitaron públicamente que el fiscal de distrito del condado, a través de la División de Delitos Ambientales, realice una investigación criminal.

La Sección de Investigación de Incendios Provocados y Contraterrorismo del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Los Ángeles (LAFD) concluyó su investigación sobre el incendio ocurrido el 17 de junio de 2026 en el número 1400 de la calle Los Palos, en la instalación de almacenamiento en frío de 500,000 pies cuadrados.

“Nuestros investigadores llevaron a cabo una investigación exhaustiva y completa, trabajando para identificar, documentar y evaluar todas las pruebas disponibles”, dijo el capitán del LAFD, Branden Silverman.

Tras dicha labor, confirmaron que el área de origen del incendio se encontraba en el techo de la bodega, en una sección de paneles solares o junto a ellos. Con base en las pruebas analizadas, los investigadores determinaron que se produjo un incidente eléctrico en el área de origen. Sin embargo, dado que no fue posible establecer de manera concluyente la causa específica de dicho incidente eléctrico, el suceso ha sido clasificado como “un incendio de causa indeterminada”.

El informe completo de la investigación ha sido puesto a disposición del público de conformidad con las políticas municipales aplicables y los requisitos relativos a los registros públicos.

A pesar de la conclusión del LAFD, Lineage, Inc.  presentó una demanda por $1,000 millones contra el operador de energía solar Altus Power Inc. y su contratista de mantenimiento, Pearce Services LLC. Lineage alega negligencia grave, afirmando que los demandados ignoraron advertencias de seguridad claras y volvieron a energizar prematuramente una instalación de paneles solares defectuosa ubicada en la azotea.

El incendio destruyó por completo el almacén frigorífico de Lineage y aproximadamente 88 millones de libras de alimentos, lo que provocó una grave crisis de salud pública que fue atendida más de un mes después por las autoridades del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles.

Hasta ahora no hay indicios de que se realizará un estudio sobre los efectos a largo plazo en la salud entre los residentes de la zona, en su mayoría niños, personas mayores y gente de clase trabajadora. Ellos sufrieron las consecuencias del denso humo negro por ocho días, de productos químicos tóxicos y de un fuerte hedor a alimentos en descomposición. Lineage enfrenta más de 300 demandas individuales.

Investigación penal y ambiental

Durante una nueva protesta frente a Lineage Inc., María Jáuregui Olivares, miembro de Eastside Padres contra la Privatización, organismo que defiende la educación pública, refirió que el informe del Departamento de Bomberos de Los Ángeles señaló que la causa es indeterminada.

“Eso no significa que no queden interrogantes por resolver. Persisten dudas serias sobre lo que ocurrió antes, durante y después del incendio, y esas preguntas merecen respuestas”, dijo. “Las infracciones normativas y las medidas de ejecución civil son importantes, pero no equivalen a una investigación penal”.

Jáuregui Olivares consideró que, cuando un desastre industrial afecta a toda una comunidad y plantea dudas sobre posibles violaciones de la ley, el público merece un análisis independiente.

Por ello, instaron al fiscal del Condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, y a la División de Delitos Ambientales a investigar si alguna conducta relacionada con el incendio de Lineage pudo haber constituido un delito.

“No pedimos que se prejuzgue el resultado; solicitamos que se examinen los hechos”, subrayó. “Pedimos que los investigadores determinen qué sucedió, si se infringió la ley y quién debe rendir cuentas”.

Los manifestantes pidieron que la investigación abarque toda la cronología de los hechos: lo ocurrido antes del incendio, durante la emergencia y posteriormente, y que incluya un análisis de las decisiones tomadas, las advertencias existentes, las acciones realizadas u omitidas y las consecuencias para la comunidad.

Tomasa Martínez, miembro de la Alianza de Californianos para el Empoderamiento Comunitario (ACCE), recordó que desde el segundo día del incendio la gente no quería saber nada de ningún político.

“Vi a muchos niños y gente enferma que no podía respirar…tocábamos puerta por puerta y pasaron semanas sin que nadie se apresurara a ayudarnos”, dijo. “Tuve una infección en la garganta y, aunque el doctor me dio medicina para dormir, necesitaba estar despierta para defender a mi gente. No podemos permitir que este monstruo llamado Lineage siga aquí”.

Vi a muchos niños y gente enferma que no podía respirar…tocábamos puerta por puerta y pasaron semanas sin que nadie se apresurara a ayudarnos”

Candidata a fiscal promete mano dura

El impacto del desastre no se limitó a los límites de Boyle Heights; se extendió al Este de Los Ángeles y a las comunidades circundantes, por lo que Marissa Roy, candidata al cargo de fiscal de Los Ángeles, se unió al clamor popular.

“Es absolutamente inaceptable que tantas familias, cuyas vidas han dado un vuelco, sigan sin respuestas, sin un cierre y sin una solución”, precisó la fiscal general adjunta del Departamento de Justicia de California. “Cuando la codicia privada provoca daños públicos, nuestro sistema de justicia debe intervenir y defender a la ciudadanía. Pero eso no es lo que ha sucedido en Boyle Heights y las comunidades circundantes”. Aclaró que el informe no concluyente del Departamento de Bomberos de Los Ángeles no es el punto final.

“Es solo un informe sobre un aspecto del daño y de esta crisis. El fiscal de la ciudad tiene la facultad de realizar una investigación más amplia. Debería haber anunciado una investigación hace meses. En cambio, se ha dejado a los residentes a su suerte”, indicó. “Están presentando sus propias demandas y encargando sus propias investigaciones; los vecinos se están organizando para ganar fuerza y ​​lograr que la oficina legal del gobierno, hasta ahora indiferente, actúe contra una corporación valorada en $8,000 millones de dólares”.

Marissa Roy dijo a La Opinión que si resulta elegida fiscal de la ciudad, abrirá una investigación desde el primer día y, si los hechos lo respaldan, presentará una demanda contra todas las corporaciones responsables para conseguir la reparación que la comunidad de Boyle Heights merece.

“Sobre todo actuaré con transparencia. Estas familias no saben qué hay en el aire que respiran ni en el suelo donde viven; no saben cómo se les ha engañado”, enfatizó.

Presentes en la protesta, los niños Linette, Kimberly, Senet y Nathan, estudiantes de la primaria East, ubicada a menos de una milla de Lineage, recordaron que durante todo el verano estuvieron encerrados en sus casas.

“Olía muy feo”, dijo Senet, de 6 años. “Mi mamá cerraba todas las ventanas”, añadió Kimberly, de 8 años. “Todavía huele feo cada mañana”, agregó Nathan, de 9 años.