Avanza iniciativa para evitar deportaciones en California
El Acta de Confianza libra su primera prueba en comité legislativo de la Asamblea de California
Ruth Montaño (c) fue arrestada bajo el sistema Comunidades Seguras; a su derecha, Tom Saenz, presidente de MALDEF. Crédito: La Opinión - / A. Martínez
SACRAMENTO, California.— El Acta de Confianza, la medida AB4 que permitiría que los inmigrantes indocumentados que son detenidos por las policías y alguaciles no sean retenidos bajo custodia para el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), libró su primera prueba en el Comité de Seguridad Pública de la Asamblea de California al ser aprobado con un voto mayoritariamente demócrara.
Votaron en contra dos asambleístas republicanas, Melissa Meléndez, de San Diego y Mary Waldron, de Escondido.
Al tiempo que la medida se debatía el Asian Law Caucus, una organización con sede en San Francisco que aboga por los derechos civiles y legales de los asiático-americanos de bajos ingresos, solicitó a las autoridades federales información —mediante la ley conocida en inglés como Freedom of Information Act o FOIA— para saber si ellos ayudaron a derrotar el Acta de Confianza el año pasado.
“Presentamos esta [petición] para reinvindicar el derecho del público a saber si el ICE llevó a cabo maniobras el año pasado para aplastar los esfuerzos comunitarios por parar miles de deportaciones costosas y crueles”, dijo la abogada Angela Chan.
La portavoz de ICE, Virginia Kice, dijo que la agencia tiene como política no comentar sobre litigios en proceso. El año pasado el gobernador Jerry Brown vetó el Acta de Confianza pero prometió trabajar con la oficina del autor —el asambleísta Tom Ammiano, demócrata de San Francisco— en algunas enmiendas que le permitan firmarla.
El presidente del Fondo México-Americano para la Educación y la Defensa Legal (MALDEF), Tom Saenz para quien la aprobación del Acta de Confianza es una prioridad, dijo que confía en el compromiso del gobernador de trabajar con ellos para aprobarla.
“Pondría fin a los trastornos que ha provocado el programa Comunidades Seguras (SComm) al deportar a gente que no es culpable de ningún crimen. Esto tiene que terminar en nuestras comunidades”, expuso.
