LAPD queda libre de monitoreo federal
La Policía de Los Ángeles ya no será supervisada por el Departamento de Justicia, que alegaba que había un patrón de abusos durante muchas décadas
Los abusos salieron a la luz tras el escándalo de Rampart, en el cual se encontró que policías de un grupo élite antipandillas golpeaba e inculpaba falsamente a pandilleros. Crédito: Emilio Flores / La opinion
Un juez puso fin oficialmente a más de una década de supervisión federal sobre el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), que comenzó con un escándalo de corrupción por abuso policial.
En dos frases cortas, el juez Gary Allen Feess eliminó los puntos finales del Decreto de Consentimiento, eliminando así el acuerdo de transición impuesta sobre el LAPD en 2009 para asegurar que se mantuvieran reformas iniciadas en el Departamento.
El alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, celebró la noticia durante una conferencia de prensa junto al jefe policial Charlie Beck. Villaraigosa dijo que el Departamento, que una vez fue “un ejemplo de cómo no resguardar a una ciudad”, es ahora “un modelo nacional”.
Tyler Izen, presidente de la Asociación de Policías de Los Ángeles, dijo que el sindicato estaba complacido de que el Departamento estuviera libre del monitereo federal.
“Ahora podemos comenzar a buscar eficiencias en los procesos del LAPD mientras que al mismo tiempo mantenemos la transparencia que merece el público”, dijo. El sindicato representa a casi 10,000 empleados del LAPD.
El Decreto de Consentimiento se impuso sobre el LAPD en 2001 bajo amenaza de enfrentar una demanda federal. El Gobierno estadounidense alegaba que había un patrón de violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes de la policía por muchas décadas.
Abusos del LAPD se dieron a conocer por el escándalo de Rampart
Esos abusos salieron a la luz pública después del escándalo de Rampart, en el cual se encontró que policías de un grupo élite antipandillas golpeaba e inculpaba falsamente a pandilleros.
El decreto imponía más de 100 reformas, así como un monitor de afuera del Departamento.
El decreto terminó en 2009 y se aprobó un acuerdo de transición para asegurar que continuaran las reformas.
“Esto no tiene nada que ver con lo que tenga una hoja de papel, esto tiene que ver con cambiar una cultura”, aseguró Mark Rosenbaum, abogado principal del ACLU del Sur de California. “El propósito era asegurar que estuvieran cementadas (las reformas)”. Éstas incluían mejor entrenamiento, un mejor sistema de monitoreo del desempeño de los policías, mayor revisión de la unidad antipandillas y la prohibición del perfil racial.
Durante el acuerdo de transición la Comisión de Policía de Los Ángeles, una junta civil, era responsable de la revisión de las reformas. De no estar satisfechos los abogados del Departamento de Justicia, el acuerdo les permitía llevar al LAPD de regreso a los tribunales.
Rosenbaum, quien representó a grupos comunitarios en el caso, dijo que todavía hay cuestionamientos sobre el trato del Departamento para con los indigentes y si estaba realizando el perfil racial. Además añadió que la información sobre quién es detenido, interrogado o arrestado no se ha hecho público, pero Rosenbaum admitió que ha habido muchos cambios positivos.
“Hace veinte años, 15 años, 10 años, nadie habría imaginado que este departamento de policía habría estaba bajo control y que tratara a las comunidades más vulnerables con respeto”, afirmó Rosenbaum. “Y eso ha ocurrido en gran parte”.
