El clamor del 1 de mayo

Cada primero de mayo se celebra en las comunidades el día del trabajador inmigrante. Esta fecha se convirtió a lo largo de los años en un momento para pedir la promulgación de una reforma migratoria y el respeto a los trabajadores indocumentados.

Todavía se recuerdan las movilizaciones multitudinarias en mayo de 2006, cuando el tenebroso proyecto de ley H.R 4437 del congresista James Sensenbrenner amenazaba con criminalizar la estadía sin papeles y cualquier ayuda a que se diera a un indocumentado, como llevarlo en un automóvil.

La medida fue derrotada. Esas marchas de entonces mostraron a los estadounidenses la verdadera cara de los inmigrantes. Las familias enteras, empujando el carrito con un niño, no tenían nada que ver con la imagen del delincuente peligroso que se pintaba en la Cámara de Representantes.

El primero de mayo de 2014 halla a la comunidad inmigrante en un estado de molestia y desesperación. La única realidad detrás de las palabras es que la administración demócrata de Barack Obama —de la que esperaba una reforma de inmigración pronta y justa— es la que ha deportado más gente, la gran mayoría inmigrantes que no representaban un peligro. En tanto, ha quedado claro que a muchos republicanos les repugna la idea de una legalización de trabajadores sin papeles y han logrado bloquear la reforma de compromiso aprobada en el Senado.

El malestar ante una situación insostenible es lo que ha llevado a numerosas medidas activas, desde la huelga de hambre al desafío frontal contra las autoridades fronterizas de jóvenes y padres que quieren reingresar al país para estar con sus seres queridos. La desobediencia civil para exigir el freno a las deportaciones ha sido también un punto en común del activismo actual.

Así, el sentimiento de este primero de mayo incluirá una mezcla de enojo contra el sistema en general, contra Obama por el récord de deportaciones y contra los republicanos por haber bloqueado en la Cámara de Representantes el proyecto de reforma migratoria.

La exigencia no solo será por lograr el necesario y tan postergado cambio legal, sino para que cesen ya las deportaciones y las separaciones de familias a gran escala. En un año electoral lo primero luce aún incierto, pero lo segundo –aunque polémico- es factible si el gobierno federal se decide a hacerlo.