Indocumentados se encuentran a merced de patrones

WASHINGTON, D.C.— Emilio García Lagunes y Reyna Sorto perdieron sus empleos por intentar crear un sindicato. Ahora piden que el presidente Barack Obama emita órdenes ejecutivas para que los trabajadores puedan organizarse sin temor a represalias, sin perder sus trabajos.

De acuerdo con la federación sindical AFL-CIO, se estima que ocho de los 11 millones de indocumentados en EEUU, o sea 5% de la fuerza laboral, están empleados en pequeñas y grandes empresas y, muchos de ellos son víctimas de toda clase de abusos por no tener papeles.

10 Reasons ALL workers benefit from fixing the immigration system #daca4all #1u pic.twitter.com/WFZNoUm7Xq

— AFL-CIO (@AFLCIO) August 26, 2014

García Lagunes, quien emigró de Veracruz a EEUU en 2003, contó a La Opinión, que solo por levantar su voz para que los trabajadores de la empresa de reciclaje de plásticos US Fibers, en Trenton (Carolina del Sur), fueran tratados con justicia, aunque muchos de ellos eran indocumentados, fue despedido en julio pasado. Había trabajado ahí desde el 2010.

“No cometí ningún delito”, afirma García Lunes, quien dice haber sido testigo de malos tratos, insultos, y de que no se les pagaba sus vacaciones ni se les cubrían los gastos médicos por accidentes en el trabajo.

“Queremos que el presidente Obama ordene una mayor vigilancia de las empresas y proteja a los trabajadores”, explica García Lunes, quien está apelando su caso con la asesoría legal de AFL-CIO.

US Fibers no devolvió llamadas de La Opinión en busca de respuestas.

En el caso de Sorto, quien trabajaba para un contratista estatal de reciclaje de basura en Silver Spring (Maryland), sostiene que antes de ser despedida tras 10 años de servicio, fue objeto de acoso sexual y estuvo a punto de perder el trabajo cuando quedó embarazada en 2008.

Según la AFL-CIO, además de ampliar el programa de “acción diferida” para ciertos indocumentados, Obama tendría que emitir medidas que protejan a trabajadores que realizan actividades sindicalistas o de derechos civiles.

“Seguimos recibiendo quejas de empresas que intimidan a los empleados, les roban salario, los amenazan con la deportación si son indocumentados. Por eso es que muchas empresas contratan a indocumentados…esto ocurre por falta de una reforma migratoria”, dijo Kelly Rodríguez, asesora del vicepresidente de AFL-CIO.

It’s time for Pres Obama to act on admin relief to 11M new Americans. SIGN the petition –> http://t.co/HZfIPlZP3D pic.twitter.com/im2MKuncMP

— AFL-CIO (@AFLCIO) August 26, 2014

La organización ha estado desde 2013 a la vanguardia del movimiento para que la Casa Blanca emita guías claras para que las empresas no tomen represalias.

• Permisos de trabajo para la mayor cantidad posible de empleados indocumentados
• Suspensión de deportación para empleados en economía informal como trabajadores domésticos, jornaleros y los que cuidan de enfermos a domicilio
• Protección para trabajadores implicados en disputas laborales o de derechos civiles
• Eliminación de programas policiales como “287g” y “Comunidades Seguras”
• Freno a la “criminalización” de inmigrantes por infracciones migratorias
• Concesión de visas “U” para víctimas de ciertos delitos en sitios de trabajo