Presión comunitaria permitió liberar a indocumentado que califica para DACA

Alfredo Juárez-Caferino se libró de milagro de ser deportado de Estados Unidos. El joven, de 15 años, fue detenido el sábado por la policía de Bellingham, Washington, por una violación simple de tránsito.
“Tampoco tenía licencia de manejar porque es indocumentado”, explicó la activista Maru Mora Villapando, de la organización Latino Advocacy, en Seattle.
Al no tener un carné de manejar la policía se puso en contacto con la Patrulla Fronteriza, quienes lo llevaron detenido. “Sin siquiera una infracción de tránsito”, dijo Villapando. “Se lo llevaron para ser puesto en proceso de deportación sin tener en cuenta que se trata de un menor de edad y que califica para DACA”.
La organización Familias Unidas recordó la vigencia de un memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) que señala que quienes califican para la acción ejecutiva y no tienen antecedentes criminales no son prioridad de deportación.
La acción ejecutiva fue anunciada por el presidente Barack Obama en respuesta a la inacción del Congreso con la reforma migratoria. La medida ampara de la deportación a padres de ciudadanos y residentes permanentes (DAPA, por su sigla en inglés) y jóvenes indocumentados conocidos como Dreamers.
Ambos grupos deben demostrar que están en el país desde antes del 1 de enero de 2010.
Villapando dijo que Juárez logró, horas después de ser detenido, “llamar por teléfono a su mamá y ella a su vez se puso en contacto con nuestras organizaciones”.
“Es lo que hay que hacer en este tipo de emergencias. Los indocumentados tienen derechos y para ejercerlos hay que ponerse en contacto con los grupos de ayuda en nuestras comunidades. La presión comunitaria funciona y lo hemos demostrado”, dijo la activista.
A primera hora del domingo Latino Advocacy llamó a la Patrulla Fronteriza para advertir que Juárez era menor de edad, carecía de antecedentes criminales y calificaba para el programa DACA.
Según explicó Villapando, un error en uno de los documentos de identidad de Juárez tenía frenada la registración en la Acción Diferida (DACA). “Había que arreglar una letra en el certificado de nacimiento. De inmediato contactamos a abogados que colaboran con nosotros y solucionaron el problema”.
“Alfredo estaba en el centro de detención del noroeste en Tacoma y fue liberado anoche las 10:30 PM. Esto prueba que la presión comunitaria funciona; la Patrulla Fronteriza no quiere que este tipo de abuso salga a luz pública”, agregó.
La Acción Diferida entró en vigor el 15 de agosto de 2012 y, al igual que la acción ejecutiva, ampara temporalmente de la deportación a miles de indocumentados y les concede una autorización de empleo.
La acción ejecutiva, a su vez, se encuentra detenida por un fallo cautelar emitido el 16 de febrero por un juez de Texas en respuesta a una demanda entablada por 26 estados el 3 de diciembre, quienes argumentan que el presidente Obama se extralimitó en su poder ejecutivo y que el beneficio es inconstitucional.
El gobierno apeló la medida cautelar ante la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito en Nueva Orleans, instancia que ratificó el dictamen del 16 de febrero pero revisará la demanda en su conjunto en una audiencia que se celebrará el 7 de julio.
“Mientras esperamos el resultado de las cortes, tenemos derechos”, dijo Villapando. “Y para ejercerlos le recomendamos a la comunidad inmigrante que se informe y que pida ayuda en caso de problemas como lo hizo la familia Juárez”.
“Y no se olviden del memorando del 20 de noviembre”, indicó. “Una persona sin récord criminal no debe de ser puesta en proceso de deportación porque no es una prioridad. Podemos presionar y lo estamos haciendo para que los agentes migratorios cumplan con las instrucciones que emitió el secretario del DHS, Jeh Johnson”.
La Casa Blanca ha dicho que los individuos a ser deportados seguirán siendo aquellos que representen una amenaza para la seguridad nacional, fronteriza o pública.
El memorando del 20 de noviembre identifica como individuos de alta prioridad de deportación a extranjeros involucrados o sospechosos de terrorismo o espionaje; extranjeros detenidos en la frontera o puertos de entrada al tratar de ingresar ilegalmente a Estados Unidos; extranjeros condenados por un delito relacionado con su activa participación en una pandilla criminal, o extranjeros no menores de 16 años que intencionalmente participaran en una pandilla organizada para promover la actividad ilegal de dicho grupo.
Otras prioridades son extranjeros condenados por tres o más delitos menores además de delitos menores de tráfico; extranjeros condenados por un delito menor significativo como violencia doméstica; abuso sexual o explotación; robo; posesión ilegal de armas de fuego; distribución o tráfico de drogas; o conducir mientras se está bajo el efecto del alcohol, explicó dijo Maribel Hastings, asesora ejecutiva de America’s Voice.
Entre los delitos más comunes (y que es considerado como causa de deportación) se encuentra el DIU (manejar bajo la influencia del alcohol o sustancias prohibidas).
La Administración ha apuntado que seguirá utilizando la discreción procesal caso por caso y reiteró su confianza en que al final del día las cortes permitirán la puesta en vigor de la acción ejecutiva.