¿Tiene solución la corrupción en Puerto Rico?

Tanto a nivel público como privado, individual y colectivo, la corrupción en Puerto Rico se ha convertido en una lacra prácticamente inmanejable para el Estado y sus instituciones, que repercute no solo en la pérdida de calidad de vida y de cuantiosas sumas de dinero, sino también en la violación de derechos humanos.

Así lo recoge un informe de la Comisión de Derechos Civiles (CDC)  en el que se resalta que la corrupción en la Isla perdió “hace tiempo” su carácter de excepcionalidad, dando paso a que su práctica sea “común y generalizada”, tanto entre funcionarios públicos como entre ciudadanos.

Aunque el informe no aborda casos particulares, sí resalta que desde 2009 -cuando se comenzó a elaborar-, el país “ha sido sacudido” con múltiples instancias de actos de alegada corrupción, siendo la más notoria la del exsenador Jorge de Castro Font y sus revelaciones sobre esquemas que involucran al sector privado.

Otros casos incluyen los operativos del Gobierno federal contra funcionarios postales para facilitar la entrada de drogas y armas valiéndose del correo; el operativo dirigido desde Washington contra varias redes de oficiales policíacos que presuntamente brindaban protección a narcotraficantes; el arresto de más de medio millar de residentes de Lares y el procesamiento de sus casos de presunto fraude a seguros en coliseos deportivos; y las alegaciones de corrupción contra alcaldes, directivos de corporaciones y contratistas.

En lo que describe como prácticas “reiteradas y masivas”, el informe  ofrece dos cifras “estremecedoras”: casi la mitad del dinero cobrado por concepto del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) no es remesado por los comerciantes al Departamento de Hacienda; y más de 200,000 consumidores de agua no la pagan, pues sus contadores están enterrados o se trata de conexiones ilícitas. El cuadro se complementa con actividades de la economía informal, que aparte del narcotráfico y el crimen organizado, se manifiesta en negocios donde se juega y pagan ilegalmente premios en efectivo u operan en violación al sistema de permisos, entre otras instancias.

El informe hace referencia al Índice de Percepción de la Corrupción de 2010 y 2013, que situó a Puerto Rico en la posición 33 entre los países de menor corrupción.

¿Qué se puede hacer?

El informe incluye una serie de recomendaciones organizadas en 15 clasificaciones, sobre cómo trabajar, combatir, controlar, prevenir y enfrentar la corrupción pública y privada.

Se propone, por ejemplo, la creación de un “observatorio” de la corrupción en Puerto Rico, que aportaría transparencia y promovería la discusión con carácter orientador y educador de este fenómeno. Se propone, además, la creación de una política pública que instrumente un modelo sobre la actividad pública y privada anticorrupción; la creación de un mecanismo de recompensa a personas que denuncien actos de corrupción; y la creación de salas judiciales especializadas para estos casos.

A nivel de empleo, se recomienda elevar a rango constitucional el principio de mérito y crear una agencia para hacerlo valer en todo el andamiaje de la administración pública; profesionalizar algunos cargos que atiendan el tema; crear una academia de adiestramientos; que cada servidor público rinda informes financieros bajo pena de perjurio; que se remueva a aquellos funcionarios de confianza “que no sirvan de modelo”; y que se suprima el activismo político para “promover una sana administración pública y una buena imagen”.