Human Rights Watch tilda de “piñata de impunidad” acuerdo en Colombia
Otros grupos respaldan el acuerdo para poner fin a un conflicto de más de 50 años
La esperada foto del entendimiento que puede traer paz a Colombia. Crédito: Getty Images
WASHINGTON.- El acuerdo pactado entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el marco de las negociaciones de paz, es una “piñata de impunidad” , afirmó este martes el grupo humanitario “Human Rights Watch” (HRW).
El “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto” entre el gobierno colombiano y las FARC (FARC-EP), anunciado el pasado 15 de diciembre en La Habana, da licencia para la impunidad porque garantizará que los responsables de atrocidades de ambas partes del conflicto “eludan cualquier tipo de castigo genuino”, denunció HRW en un análisis.
Colombia: un acuerdo de impunidad https://t.co/d9P0utciDz
— Human Rights Watch (@hrw_espanol) December 22, 2015
Entre los elementos del acuerdo de 63 páginas, el documento establece un nuevo Tribunal para la Paz que estaría a cargo de enjuiciar a responsables de graves delitos durante el conflicto armado en Colombia, y quienes confiesen esos actos recibirían una pena máxima de ocho años en “condiciones especiales”.
Pero, durante una rueda de prensa, el director para las Américas de “HRW”, José Miguel Vivanco, señaló que, a su juicio, el acuerdo es una “piñata de impunidad” porque contiene “ambigüedades, omisiones y lagunas” que, para efectos prácticos, equivalen a “promesas vacías”.
Citó como ejemplo que, al anunciar el acuerdo, las autoridades indicaron que las sanciones bajo “condiciones especiales” no supondrían penas de prisión “en ningún caso”, aunque sí enfrentarían ciertas restricciones de libertad.
Eso sería, para Vivanco, una bofetada para las “miles de víctimas del conflicto” que exigen justicia, tomando en cuenta que ningún tribunal internacional ha permitido dejar en libertad a quienes han sido condenados por crímenes de guerra.
Vivanco recordó además que, en 2006, la Corte Constitucional de Colombia dispuso que los paramilitares desmovilizados que se habían beneficiado con penas reducidas de hasta ocho años conforme a la “Ley de Justicia y Paz” debían cumplir la pena en cárceles ordinarias.
En ese sentido, Vivanco recomendó que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos examine “cuidadosamente este acuerdo para asegurar que las víctimas reciban la justicia que verdaderamente merecen”.
Otros apoyan el acuerdo
Sin embargo, grupos como la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), rechazaron la conclusión de HRW de que el acuerdo conducirá a una completa impunidad.
En declaraciones a este diario, Gimena Sánchez, analista de WOLA, insistió en que el acuerdo “incluye a todos los actores del conflicto y a civiles que hayan perpetrado atrocidades”, y da prioridad a lo que ha pedido la mayoría de las víctimas.
Tomando lecciones de la desmovilización del grupo Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la mayoría de las víctimas quiere “la verdad plena, en vez de sentencias largas y punitivas”, aseguró.
La experta dejó en claro que, contrario a sus detractores, el acuerdo no deja impune los graves delitos cometidos por “criminales de guerra” y, en base al nuevo sistema jurídico transicional, éstos quedarían sujetos a la ley ordinaria si no cumplen con los requisitos.
La clave está en que se respalden las estructuras establecidas y se fortaleza a la sociedad civil, para así vigilar el eficaz cumplimiento del acuerdo, acotó.
“Debido a la complejidad del conflicto, su extensión y los múltiples actores implicados, este acuerdo representa un buen equilibrio entre la paz y la justicia. Contrario a otros acuerdos previos, sí conducirá a la verdad, y eso ayudarán en el proceso de reconciliación y prevención de más abusos”, puntualizó Sánchez.
Opinión del Congreso
El pasado 15 de diciembre, un grupo bipartidista de la Cámara de Representantes, encabezado por los demócratas Rubén Gallego y Jim McGovern presentó una resolución de apoyo a las negociaciones de paz en Colombia, pidiendo además que las partes implicadas ofrecieran “reparaciones significativas” a las víctimas del conflicto.
La resolución instó al presidente Barack Obama a que continúe apoyando las negociaciones de paz y elabore planes para ayudar al pueblo colombiano a “construir una paz justa y duradera”.
¿Fecha para la firma?
El acuerdo, que el gobierno y las FARC comenzaron a negociar en noviembre de 2012 con la mediación de Cuba, debería ser firmado el próximo 23 de marzo de 2016 pero, debido a asuntos aún en deliberaciones, no está claro que esa sea la fecha definitiva.
Las partes aún deben ponerse de acuerdo sobre asuntos como el cese bilateral del fuego, el desarme de los más de 7,000 guerrilleros de las FARC, y un mecanismo para refrendar lo pacto hasta la fecha.
