Editorial: Hay que reformar el sistema de justicia criminal

Hay muy pocos temas en Washington que pueden unir a conservadores y liberales como la reforma del sistema de justicia criminal. Los motivos para respaldar este cambio pueden ser distintos, pero el punto que los une es el mismo, el fracaso de las políticas de mano dura ante el crimen iniciado década atrás.

En la década de los ochentas la presión de los votantes ante el problema de la delincuencia  llevó a endurecer la condenas a prisión por una cantidad de delitos, también se legislaron sentencias condenas como la de tres delitos y afuera que quitaron el poder discrecional de los jueces para disminuir el castigo de un condenado tomando en cuenta detalles propios del caso.

La consecuencia fue que a pesar de ir reduciéndose la delincuencia, esta baja no se reflejó en la cantidad de gente que iba a prisión. Por el contrario, entre 1980 y 2014 el encarcelamiento se elevó en más de 220%. Así nuestro país tiene hoy una población penitenciaria que es 4.5 veces mayor que en 1980, con aproximadamente 2.2 millones de prisiones federales, estatales y cárceles locales.

Detrás de estas cifras está la desproporción en el encierro de afroamericanos y latinos que integran el 30% de la población, pero superan el 50% de quienes están detrás de las rejas. El impacto de un encierro largo no da más seguridad, sino que se sabe que mientras más tiempo preso, se incrementa la posibilidad de reincidencia.

Todo esto a un costo de más de 80 mil millones de dólares, una cantidad suficiente como para crear una industria a su alrededor que se beneficia con el aumento de presos que consumen fondos que podrían ir al sector de salud, educación y otras necesidades.

Hay varios enfoques para remediar este problema, desde el factor social  y educativo, hasta el legal. Precisamente en este último, demócratas y republicanos están de acuerdo en que hay que reducir las condenas a convictos de delitos no violentos y dar libertad a los jueces para decidir condenas, entre otros aspectos.

Este es el momento en el Congreso, hay proyectos en ambas cámaras para poner al día un sistema de justicia excesivamente caro, que no ayuda a la recuperación del presos y termina perjudicando a la sociedad en general.