Escuadrones “vigilantes” de Trump alarman a defensores de minorías

Activistas exigen la defensa del derecho al voto de las minorías ante las propuestas de Trump para que sus partidarios "supervisen" las urnas

¡Mantente al día con las noticias de interés de los Hispanos!

Sigue a La Opinión en Facebook

Escuadrones “vigilantes” de Trump alarman a defensores de minorías
Foto: Archivo / Impremedia

WASHINGTON.- Ante el temor de que escuadrones de  “vigilantes”  leales a Donald Trump acosen a los votantes en las urnas, grupos cívicos en todo EEUU se alistan para proteger el derecho al voto e impedir actos de violencia en las urnas.

En el tercer y último debate presidencial, anoche en Las Vegas (Nevada), Trump se negó a precisar si respetará los resultados del próximo 8 de noviembre en caso de que gane la presidencia su rival demócrata, Hillary Clinton, y se ha quejado constantemente de que el sistema electoral está “amañado” en su contra.

“Lo veré en su momento… los mantendré en suspenso, Ok?”, dijo Trump al responder si aceptaría la transferencia pacífica del poder.

Su hija, Ivanka, su gerente de campaña, Kellyanne Conway, y su compañero de fórmula, Mike Pence, ya habían dicho que Trump respetaría los resultados.

Tanto en el debate como en declaraciones a la prensa, Clinton criticó la actitud desafiante de Trump, y su patrón de culpar a otros cuando sufre un revés.

“Fue horroroso lo que dijo en el escenario… somos un país de leyes y hemos tenido acaloradas y reñidas contiendas desde el principio, pero una de nuestras marcas distintivas siempre ha sido que aceptamos los resultados”, observó Clinton.

“Cada vez que está perdiendo, (Trump) dice que es el sistema, ya sea que esté en los tribunales por (el caso contra) la Universidad Trump, su derrota en Iowa o Wisconsin, o perder un Emmy, por Dios, él dice que (el sistema) está amañado en su contra”, enfatizó.

La polémica declaración, que opacó el resto del debate, evocó memorias del primer debate de las primarias, cuando Trump se negó a apoyar al eventual candidato presidencial republicano.

La pesadilla de 2000

Dan Griswold, investigador del “Mercatus Center” de la Universidad de George Mason, en Virginia, calificó de “inaceptable” que Trump haga acusaciones sin tener pruebas pero explicó que, ante lo reñido de la contienda, éste “mantiene sus opciones sobre la mesa” si hay que impugnar los resultados en algún estado.

“Si Trump se refería a reservarse opciones, entonces no es gran cosa… pero no hay pruebas de que el sistema esté amañado. Aún si pierde por amplio margen, creo que es grave decir que los resultados son ilegítimos,  y eso debe condenarse”, dijo Griswold.

Varios conservadores ponen de ejemplo el año 2000, cuando los resultados dependieron de Florida, donde el margen de victoria del republicano George W. Bush fue de menos de 2,000 votos contra el entonces vicepresidente demócrata, Al Gore.

Hubo un recuento automático y el caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que terminó dando la victoria a Bush. Pero en ese caso, Gore aceptó el dictamen y no trató de revertir los resultados, sino que usó la ley estatal de Florida para confirmar el cómputo de votos.

COBERTURA COMPLETA DE LAS ELECCIONES

¿Qué pasará en las urnas?

Durante un reciente mitin político en Manheim (Pennsylvania), Trump sugirió a sus partidarios que salgan a vigilar las urnas para no dejarse robar la elección.

“Tienen que vigilar sus centros de votación, porque escucho demasiadas historias sobre Pensilvania, ciertas áreas. Oigo muchas malas historias, y no podemos perder una elección debido a lo que les estoy hablando”, urgió Trump.

“Vayan y voten, y vayan a revisar esas áreas, porque suceden muchas cosas malas y no queremos perder por esa razón… vigilen cuidadosamente”, insistió.

Grupos cívicos se movilizan

Líderes y activistas cívicos consultados por este diario aseguraron hoy que preparan medidas para impedir problemas en las urnas.

Arturo Vargas, director ejecutivo del Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos (NALEO), dijo que enviará una carta a la titular de Justicia, Loretta Lynch, para que vigile la integridad del proceso electoral.

Trump “representa una amenaza a la democracia de este país. Su llamado a que vayan como vigilantes a las urnas aumenta el riesgo de la intimidación de los votantes latinos”,  manifestó Vargas.

Lynch dijo ayer que el Departamento de Justicia enviará a observadores electorales a 25 estados, “pero donde más se necesitan es en áreas donde ha habido gran cambio demográfico y hay gran hostilidad contra los inmigrantes. “Necesitamos el respaldo del gobierno federal en regiones con poblaciones latinas que están emergiendo”, precisó.

Según NALEO, alrededor de 875,000 latinos corren el riesgo de supresión del voto en 19 estados que han adoptado mayores restricciones electorales desde 2012.

Astrid Domínguez, de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) de Texas, dijo que, con la adopción de esas restricciones, el Departamento de Justicia tiene la obligación de “aplicar eficazmente las leyes federales”.

El próximo 24 de octubre, cuando empiezan las votaciones por adelantado en Texas, ACLU tendrá un foro público “para informar a los votantes sobre sus derechos, lo que tienen que hacer, y que no tengan miedo de salir a votar”, además de que ha repartido volantes y panfletos.

Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos, dijo que el mensaje de Trump es “desafortunado y peligroso”,  y su grupo estará “atento”, porque “ha habido un tremendo trabajo para que los latinos confíen en la democracia, en que su voto cuenta”.

“Algunos republicanos usan este argumento para limitar el voto de las minorías, y hemos visto cómo se ha permitido la agresión directa contra los mexicanos, contra los afroamericanos. Trump ha contribuido a esa animosidad, y no podemos permitir actos de violencia de gente que piensa que le están robando la elección minorías que detestan”,  afirmó.

El pasado 4 de octubre, una coalición de más de un centenar de organizaciones, lideradas por el “Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law”,  lanzó una iniciativa que incluye una línea telefónica gratuita para recibir quejas y el despliegue de voluntarios a 26 estados, incluyendo Alabama, Arkansas, Arizona, California, Carolinas del Norte y del Sur, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Virginia y Wisconsin.

¿Hay fraude electoral en EEUU?

Los escuadrones de partidarios de Trump presuntamente tendrían la tarea de impedir un fraude en las urnas, pese a que la mayoría de los expertos asegura que, salvo problemas o errores individuales, eso no existe en este país.

Hay 13,000 jurisdicciones locales en todo EEUU, y cada una tiene su propio sistema de elecciones y salvaguardas, por lo que sería prácticamente imposible alterarlos a control remoto o por internet.

El gobierno federal ha dicho que piratas cibernéticos de Rusia han infiltrado sistemas de registro de votantes en Arizona, Florida e Illinois, pero los expertos aseguran que, aunque pueden causar caos y confusión en los registros, éstos no tienen la capacidad de alterar los resultados en las máquinas de votación.

Esta hoja de datos del Departamento de Justicia explica el derecho al voto y adónde acudir en cada estado para denunciar irregularidades.

“Trump implícitamente reconoce que no tiene los votos para ganar, y es realmente irresponsable que cuestione de antemano la legitimidad de los resultados. No hay prueba de fraude electoral en EEUU o de que se pueda afectar los resultados, pero en estados gobernados por republicanos sí hay políticas de exclusión que afectan el registro de los votantes latinos, afroamericanos y estudiantes, en su mayoría demócratas o contrarios a Trump”, señaló Leopoldo Martínez, presidente del “Latino Victory Project”.

Si algunos partidarios de Trump logran intimidar a votantes, se toparían con el castigo que imponen sendos estatutos legales, uno civil y otro criminal, que prohíben expresamente conducta o intento que intimide, amenace, o presione a cualquier persona con el objetivo de interferir con su derecho al voto.

El estatuto criminal, además, impone una multa y hasta un año en prisión.

 

Te recomendamos