Fiscalía mexicana quería darles 24 años de prisión a Irineo Mujica y Cristobal Sánchez

MEXICO – El gobierno mexicano buscaba hasta 24 años de prisión para dos de los activistas más radicales en la defensa de derechos humanos de migrantes, fundadores de la organización binacional Pueblo Sin Fronteras (PSF) e ideólogos de las caravanas de centroamericanos para pedir refugio en Estados Unidos.

A Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez,  la Fiscalía General de la República los acusó de tráfico de personas con el agravante de tráfico de niños, sin embargo, un  juez del Centro de Justicia Penal Federal en Tapachula determinó que no había evidencias para que ninguno de los dos fuera vinculado a proceso y ordenó su “inmediata liberación” entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

En entrevista para este diario, Alex Mensig, integrante de PSF, quien estuvo en la audiencia desde el miércoles, dijo que “la Fiscalía General de la República llevó ante el juez a hondureños que dijeron que Irineo y Cristobal les cobraron dinero para llevarlos a EU”, pero no fue suficiente para probar.

“Observamos que los fiscales quieren intimidar a los testigos. Les preguntaron lo mismo muchas veces y dijeron que era para autentificar el testimonio: pero todo parecía que buscaban hacer de Irineo y Cristobal los primeros presos políticos de López Obrador”.

Mujica y Sánchez fueron detenidos el 5 de junio pasado. El primero en Sonoyta, Sonora; el segundo,  en Ciudad de México.

Defensores de Derechos Humanos de distintas organizaciones con las que PSF ha trabajado en conjunto manifestaron su preocupación por la “política de criminalización” del gobierno mexicano. Marta Sánchez, fundadora del Movimiento Migrante Mesoamericano, dijo que si bien no le correspondía a ella determinar la inocencia o culpabilidad, lo cierto es que los activistas padecían de falta de recursos.

“No tenían ni un peso partido por la mitad y muchas veces nos pedían apoyo para salir adelante”, detalló Sánchez, quien año por año organiza la Caravana de Madres Centroamericanas con hijos desaparecidos en México.

“Me declaro culpable, soy defensora de los derechos de los migrantes en tránsito por México, a todos los que acompañamos a los migrantes y les brindamos auxilio humanitario nos pueden acusar de trafico de personas… Así que pueden venir por mi. O todos o ninguno”.

Antes de su arresto, Mujica había sido acusado por el sacerdote Alejandro Solalinde, fundador del albergue Hermanos en el Camino y Premio Nacional de Derechos Humanos, de cobrar cuotas. “Siento una pena que un defensor del migrante haya caído en las manos del capitalismo”, dijo en abril.

Mujica lamentó las declaraciones del cura en entrevista con este diario (habían sido buenos amigos) y señaló que Solalinde estaba molesto con PSF desde que ésta se negó a acceder a sus peticiones de frenar a las caravanas para no perjudicar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“A mi lo que me motiva a seguir adelante es que yo le prometí a mi padre en el lecho de muerte, a causa de agresiones antiinmigrantes en Arizona, que defendería con mi vida a los migrantes”.