Cuando el diario de Phoenix, Arizona Republic, le hiciera la pregunta por cuestionario al presidente del Senado estatal, Russell Pearce, que por qué pensaba él que había una campaña por revocarle el cargo, su respuesta fue inequívoca.
Escribió que “grupos liberales de intereses especiales” de más allá de su distrito estaban usando “aun no reveladas fuentes” de fondos y que habían “organizado y comprado muchas firmas para requerir que hubiera un voto para su revocación el 8 de noviembre.
Pearce, arquitecto de la reprensible ley SB1070 de Arizona en contra del inmigrante, podría haber estado hablando sencillamente de sí mismo y las tácticas que emplea, salvo, claro está, el uso de la palabra “liberal”.
La ley SB1070, sinónima ahora con su nombre, se presentó después que él fuera electo al senado estatal y se hiciera presidente del mismo en el 2010. Estaba categorizado como una de las figuras políticas de mayor influencia en el estado.
Sin embargo, el 8 de julio, el secretario de Estado, Ken Bennett, certificó la petición por revocar a Pearce, y se le notificó a la gobernadora a que programara la fecha para el voto para el distrito electoral localizado al este de Phoenix. La campaña por revocar a Pearce la encabezó el grupo, Citizens for a Better Arizona, y la petición obligaba a Pearce a desistir del cargo o a hacerse candidato en la elección de revocación. Optó por volver a postular al cargo.
En sus minutas, el grupo a favor de la revocación (www.citizensforabetteraz.org) alegó que las propuestas en contra del inmigrante ilegal que profiriera Pearce están vinculadas con su defensa de las empresas privadas de cárceles. Aquel interés especial “le ha llovido con miles de dólares en materia de contribuciones a su campaña” a cambio de millones de dólares en contratos para privatizar la encarcelación.
Citizens for a Better Arizona alega que Pearce, desde el 2002, ha presentado o ha facilitado la aprobación de 13 proyectos de ley a favor de la industria de las cárceles privadas. El grupo salió victorioso al obtener suficientes firmas en su petición por revocar a Pearce y para dar a entender que hay un sentimiento amplio y popular en contra de la representación de Pearce en el distrito. También alegan que la ley SB1070 se redactó con la ayuda de la empresa Corrections Corp. of America. La denominada ley “en contra del inmigrante” podría haber sido, en realidad, una ley a favor de la encarcelación.
Se dice que Pearce presentó, sin éxito, tres propuestas de ley que hubieran privatizado por entero el sistema estatal de cárceles, y que “mandó” al estado a contratar 11,450 nuevos catres de cárcel privada. Auspició el presupuesto del año fiscal 2012, con un aumento de $10 millones para el sistema estatal de cárceles al recortar $1,000 millones del presupuesto de la educación y la salud.
Como presidente del Comité de Asignaciones del Senado en el 2010 y como presidente del Senado en el 2011, Pearce estaba dispuesto a dejar que Arizona se convirtiera en el primer estado que cerrara su programa de seguro médico para niños y permitir que 36,000 niños perdieran su seguro.
Ayudó a liderar un esfuerzo por balancear el presupuesto estatal con poner fin al programa de Medicaid para 310,000 adultos de bajos recursos, y permitió que Arizona perdiera un monto de $7,000 millones anuales en financiación federal. La gobernadora y la legislatura rechazaron la mayor parte de los recortes que favorecía Pearce. No obstante, el cese al registro de nuevos pacientes en Medicaid para el 2012 que auspiciara Pearce vedará la cobertura de seguro médico para cientos de miles de residentes pobres del estado de Arizona durante años a venir.
Con todo esto, fue natural que surgieran dos candidatos como los republicanos Jerry Lewis y Olivia Cortes para retar a Pearce en el voto por su revocación.
Pero Cortes se retiró de la campaña el 7 de octubre y al día siguiente, el Tribunal Superior del Condado de Maricopa reveló que las fuerzas a favor de Pearce habían reclutado a Cortes para que dividiera el voto de la oposición. Parientes de Pearce habían participado en la recolección de las firmas requeridas para que Cortes figurara en la elección, y quedan sin explicación cuestiones de financiamiento.
Greg Western, presidente del Tea Party del East Valley, un aliado de Pearce, se hizo asesor de campaña de Cortes cuando decidiera ella montar el reto fingido, según el periódico, The New York Times.
A su vez, los aliados de Lewis le retaron la candidatura a Cortes al llevar el asunto frente al Tribunal Superior del Condado de Maricopa.
El tribunal del juez Edward Burke concordó con Lewis. Pearce había reclutado a Cortes “para desviar los votos hispanos que irían a Lewis con el fin de hacer avanzar la postulación de Pearce a la elección”.
En otras palabras, fue una maniobra sucia. Fue un truco engañoso, pero el tribunal no lo halló ilegal.
Como las papeletas del voto ya están impresas, a los votantes se les dará un aviso el 8 de noviembre que Cortes se ha retirado de la campaña.
En un sentido verdadero, es posible que funcione la maniobra sucia. Con el nombre de Cortes, que sigue figurando en la papeleta aunque se hubiera retirado, el efecto neto podrá seguir siendo la desviación de los votos destinados a Lewis.
