Piden que alcalde pare el decomiso de autos

Agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) están incautando vehículos a quienes no cuentan con licencia de manejo en base al perfil racial, acusaron organizaciones comunitarias que exigieron la intervención del alcalde Antonio Villaraigosa.

Luego de ofrecer ayer una conferencia de prensa y manifestarse en las escalinatas del Ayuntamiento, los activistas ingresaron a la Oficina del Alcalde para pedirle que tome cartas en el asunto.

Villaraigosa no estaba en la alcaldía, pero la treintena de manifestantes fueron atendidos por Larry Frank y Rafael González, asistentes del alcalde para asuntos comunitarios, quienes indicaron que le harían llegar esa inquietud y programar una posible reunión.

“Tenemos varios meses pidiendo una reunión con el alcalde y no nos la ha dado, porque lo que está haciendo la policía consideramos que es una práctica racista”, mencionó Ron Góchez, director de la Coalición de Inmigración del Sur de California (SCIC).

Y es que de acuerdo con cifras citadas por la abogada Cynthia Anderson Parker, del Gremio Nacional de Abogados (NLG), la gran mayoría de los 3,200 retenes que se realizan al año en California, son en comunidades hispanas.

En 2009, indicó, en todo el estado se incautaron alrededor de 24,000 vehículos en retenes, pero sólo el 13% fueron por conducir bajo el influjo de alcohol, y el resto por no contar con licencia de manejo.

Góchez, quien es profesor en UCLA, comentó que en Westwood, donde frecuentemente muchos estudiantes hacen fiestas y conducen en estado de ebriedad, no se ve que instalen retenes de revisión.

Esos decomisos de vehículos dejan lucrativas ganacias para las compañías de grúas y corralones, señaló la abogada, las cuales obtienen alrededor de 250 dólares sólo por la liberación del automóvil y unos 1,500 dólares más debido al almacenaje de los 30 días de incautación.

Gloria Saucedo, directora de Hermandad Mexicana Transnacional, comentó que la policía no está haciendo caso del derecho de los automovilistas de llamar a alguien que tenga licencia para llevarse el vehículo.

Tampoco están informando sobre el derecho que tienen de una audiencia, indicó la abogada del NLG.

Ana Pérez, representante en San Francisco del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), dijo que en esa ciudad ya se estableció una política de no incautación de autos por 30 días, la cual podría adaptarse en Los Ángeles.

“Es una vergüenza que en Los Ángeles, donde hay un alcalde latino, no se pare esta práctica y no se defienda a los latinos”, comentó.

El próximo lunes se estará llevando a cabo una clínica legal para informar y asesorar a quienes han sido víctimas del decomiso de vehículos.

El taller es de 5:00 a 7:00 de la tarde, en el UCLA Labor Center, ubicado en el 675 de Park View Street, a un costado del parque MacArthur, donde los afectados pueden recibir representación legal para recuperar sus vehículos. Información: (323) 364-3456.