Presionan a Holder

WASHINGTON, D.C.- Fue una demostración de poder y paciencia. Siete horas permaneció ayer el Procurador General, Eric Holder, respondiendo preguntas de legisladores que exigieron despidos de altos mandos en el Departamento de Justicia (DOJ).

En su quinta aparición ante el Congreso, Holder fue cuestionado por la operación Rápido y Furioso, que permitió el trasiego ilegal de más de 2 mil armas a México en 2009, bajo la supervisión del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

A esto se sumó ahora una nueva información respecto a tácticas de lavado de dinero para rastrear a los cárteles, llevadas a cabo por la Oficina Federal Antinarcóticos (DEA). Ambas estrategias han sido descritas como inaceptables en el Congreso, donde sus miembros han aprovechado al máximo los temas para criticar al gobierno en los medios de comunicación.

Fue una larga jornada y Holder lo supo desde el minuto en que comenzó la audiencia, cuando su mayor crítico, el legislador Darrell Issa (D-CA), no esperó ni cinco segundos para exigir que el Procurador General fuera sometido a un juramento público antes de dar su testimonio.

“Estamos en el proceso de llegar a la verdad. Pero DOJ está más centrado en crear bases de datos para los estados fronterizos que en verdaderamente controlar el lavado de dinero y tráfico de armas”, dijo el representante.

“¿Por qué no ha despedido a la gente involucrada en esto?”, fue una de las preguntas que se repitió en varias ocasiones en las voces de diferentes legisladores.

Cuestionado incluso por su propia renuncia -exigida por escrito por más de 40 legisladores republicanos- Holder dijo que de acuerdo con la información que manejaba hasta el momento, no corresponde que ni él, ni otras personas en su equipo, renuncien.

La tensión en el lugar se elevó a tal nivel que el congresista Jim Sensenbrenner (R-WI) insinuó un posible juicio político, aunque no especificó de quién.

“Si no llegamos al fondo de esto, solo hay una alternativa y se llama juicio político”, aseguró.

Issa, por su parte, se quejó por que entre los más de cinco mil documentos enviados por DOJ a los investigadores en el Congreso, no hay ningún correo electrónico en que esté involucrado el Procurador General directamente.

Holder, por su parte, mantuvo la misma posición que hasta el momento, insistiendo en que su departamento ha cooperado de la manera más amplia posible. Ante esto y la dificultad para obtener correos electrónicos emitidos en marzo de este año, Issa sugirió que si no se le da acceso, el Procurador General podría ser citado por desacato al Congreso.

En defensa del gobierno y en particular de su gestión, Holder se definió como un buen líder, que se rodea de un equipo eficiente y sabe delegar funciones a las personas indicadas.

Asimismo, no desaprovechó la oportunidad para destacar el desempeño de la Adminsitración contra el crimen organizado y promover medidas para mayor control sobre el tráfico de armas, recordando que 64 mil de las 94 mil armas decomisadas en México provienen de Estados Unidos.

“Solo este año hemos liderado exitosas investigaciones sobre los asesinatos de ciudadanos estadounidenses en México, creamos unidades procesales enfocadas en los cárteles y aseguramos la extradición de más de 100 acusados, incluyendo el líder del cártel de Tijuana”, dijo.

“Mientras trabajamos en identificar dónde ocurrieron los errores y aseguramos que nunca vuelvan a ocurrir, no debemos de perder de vista el reto crucial que esta fallida equivocación ha significado: la lucha para detener el flujo de armas a México”, enfatizó.

El Procurador General insistió en la necesidad de otorgar fondos para que las tiendas de armas en la frontera con México notifiquen a ATF sobre la venta múltiple de rifles de asalto y en la necesidad de incorporar nuevas medidas para disminuir el trasiego.