Iniciativa para migrantes
Felipe Fuentes, asambleísta demócrata de Los Ángeles, acaba de solicitar hace pocos días a la oficina del Procurador General estatal la autorización para iniciar la recolección de firmas para colocar en la boleta electoral una iniciativa a la que ha denominado COPA, California Opportunity and Prosperity Act.
Esta iniciativa, que necesita 504,760 firmas para poder ser considerada, le otorgaría a los inmigrantes indocumentados de California el derecho a trabajar y vivir libremente en el Estado sin temor a ser deportados, si cumplen con los siguientes requisitos:
* Hablar y entender el idioma inglés, o estar matriculado en una clase de inglés como segunda lengua.
* No haber sido convicto por felonía.
* No pertenecer a un grupo terrorista.
* No constituir una carga pública
* Haber vivido en California al menos desde el primero de enero de 2008.
De acuerdo al asambleísta Fuentes, esta medida beneficiaría a un millón de indocumentados radicados en California, y representaría un ingreso neto para las arcas fiscales del Estado de 325 millones de dólares anuales en impuestos.
Esta propuesta aunque parece bien intencionada, presenta una serie de dificultades.
El primer problema es preguntarnos cuan factible es que se logren recolectar las firmas necesarias para colocar la propuesta en la boleta electoral.
En segundo lugar, si se diera el caso de que se recolectaran las firmas necesarias, ¿cuál sería la posibilidad de que puesta a consideración de los electores, estos decidan aprobarla?
Pero además, en el evento no consentido de que ambas cosas ocurrieren, la tercera inquietud: ¿Cuál es la posibilidad de que una medida de esta naturaleza sobreviva a una acción judicial que pretenda declararla inconstitucional?
Y por último, ¿renunciaría o estaría el gobierno federal dispuesto a parar las deportaciones en el Estado?
Y es que hay una realidad que no podemos evitar, este tipo de medidas le conceden a los Estados facultades que deben estar reservadas únicamente al gobierno federal, y si nos oponemos a leyes antiinmigrantes como las aprobadas recientemente en Arizona, Alabama, Georgia y Carolina del Norte, no podemos estar de acuerdo con leyes como las de Utah, y esta similar que se aprobaría en California. O estamos en contra de que los Estados tomen acciones en materia migratoria, o no. No podemos estar de acuerdo en unos casos, y en desacuerdo en otros.
Adicionalmente, políticamente yo tengo la sensación de que normativas de este tipo lejos de ayudar a la causa principal, que es la aprobación de una ley a nivel federal que conceda una vía para la legalización de los inmigrantes indocumentados, lo que consiguen es exacerbar el ánimo de las organizaciones antiinmigrantes. Las medidas “parches” tomadas por gobiernos estatales o locales no son una solución y le permiten al gobierno y a la Cámara de Representantes mantener vigente el ‘status quo’ de no resolver el problema y utilizar el tema políticamente mientras cientos de miles de familias siguen sin una solución humana y justa a su situación migratoria.
