Crece la presión contra Arpaio

PHOENIX, Arizona. -Aunque varios candidatos republicanos presidenciales han buscado su apoyo y aplauden sus estrategias para perseguir a inmigrantes indocumentados, la Oficina del Sheriff del Condado Maricopa se encuentra en el ojo del huracán.

Es precisamente la forma en la que el sheriff Joe Arpaio ha buscado tomar las leyes de inmigración en sus manos, la que resultó en hallazgos de violaciones a los derechos civiles hacia los latinos en una investigación del Departamento de Justicia (DOJ).

Mientras los arizonenses deciden quién será su candidato republicano en las primarias, un grupo de religiosos, abogados y defensores de los derechos civiles celebrará un foro para explorar los cambios necesarios en esa agencia de la ley.

“La mejor manera de presentar las sugerencias al Departamento de Justicia es ver lo que han hecho otras comunidades”, comentó Daniel Ortega, un abogado defensor de los derechos civiles en Arizona. “Puede que los cambios no ocurran de inmediato, pero deben de ocurrir”.

El DOJ ha implementado acuerdos con otras agencias de la ley en el pasado incluyendo la Policía de Los Ángeles que estuvo bajo supervisión federal por ocho años y la Policía de Nueva Orleans, con la que está creando un común acuerdo debido a casos de uso excesivo de fuerza.

En diciembre el DOJ presentó sus hallazgos indicando que la discriminación hacia los latinos por parte de la oficina de Arpaio es “sistemática” y forma parte de una cultura que viene desde su liderazgo. En respuesta los abogados de la oficina de Arpaio dijo que estaría dispuesto a llegar a un acuerdo para implementar cambios pero no reconoció que habían ocurrido violaciones.

La otra alternativa es que de no cooperar el DOJ interponga una demanda civil contra el sheriff para forzar algunos cambios.

Lydia Guzmán, presidenta de la organización Respect/Respeto que ha documentado muchas de las violaciones a los derechos civiles relacionadas con la oficina de Arpaio dijo que el foro es en respuesta al pedido de DOJ de incluir a la comunidad.

Guzmán dijo que algunas de las propuestas para evitar que sucedan abusos en el futuro incluyen crear un proceso de investigación en instancias en las que “un oficial se pase de la raya y abuse su autoridad” y que no sea “el mismo alguacil quien revise sus acciones”.

Ortega indicó que el entrenamiento y el monitoreo de la agencia será fundamental para evitar que ocurran instancias en el futuro de singularización racial.

El evento [hoy martes] será abierto a la comunidad y un panel de 15 integrantes representando comunidades minoritarias, organizaciones religiosos y negociantes presentarán sus recomendaciones al Departamento de Justicia antes del final de esta semana.

La oficina del sheriff Joe Arpaio no es la primera en enfrentar el escrutinio en relación con el uso de perfiles raciales para detener a latinos y otras minorías.

En el 2005 el Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Arizona -que es el equivalente de la policía estatal- fue objeto de una demanda por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). Uno de los cambios que se impuso en DPS es que tuviese que recolectar las estadísticas sobre el origen étnico de las personas detenidas en paradas de tránsito. Al igual que la oficina de Arpaio, DPS en ese entonces no registraba ese tipo de datos dificultando que se pudiese evaluar si sus oficiales estaban cayendo en un patrón de violaciones a los derechos civiles basándose en el color de la piel y aspecto de una persona.

Negociaciones a puerta cerrada

En este momento el DOJ se encuentra en medio de negociaciones con la Oficina del Sheriff.

“No tengo mucha confianza de que Arpaio va a responder [a estas propuestas de reformas], pero nosotros tenemos que participar y sentarnos en la mesa”, dijo Mary Rose Wilcox, supervisora de la Junta del Condado Maricopa sobre el foro.

Wilcox dijo que dentro de las propuestas para cambios esperaba que se incluyese la opción de cerrar “Tent City”, una ciudad de carpas a la intemperie que el sheriff ha utilizado para promover su imagen del “más rudo contra el crimen” en el país.

Salvador Reza, una de los críticos más ardientes del sheriff Joe Arpaio dijo que participaría del foro, pero considera que la única forma de lograr un cambio con esa agencia de la ley es que el DOJ “tome control de sus operaciones”.

En parte Reza tiene dudas debido a lo que sucedió en el pasado con una investigación del DOJ a cargo de Janet Napolitano -en ese entonces la fiscal federal de Arizona y actualmente la Secretaria de Seguridad Nacional. La investigación en los 90 encontró problemas con el trato que recibían los presos en las cárceles del Sheriff, pero suspendió una demanda en su contra a favor de un acuerdo donde Arpaio se comprometía a realizar cambios.

“Ese acuerdo nunca lo cumplió”, enfatizó Reza. “Cualquier acuerdo que firme Arpaio, si no hay monitoreo de los federales va a ser lo mismo”.

Los alguaciles del Sheriff se encuentran ahora bajo una orden de un juez federal de no utilizar los perfiles raciales a la hora de realizar detenciones de tráfico debido a una demanda interpuesta por ACLU.

Pese a que el gobierno federal suspendió el programa de 287g, que permitía a los alguaciles detener a inmigrantes en sus cárceles y cuestionarlos en las calles, el sheriff continúa utilizando la ley SB1070 para arrestar a inmigrantes.

La ley que fue frenada parcialmente en las cortes federales convertía en un delito estatal ser un inmigrante indocumentado. Una de las partes que sí entró en efecto prohíbe a las policías locales que limiten a sus oficiales a la hora de cuestionar a una persona sobre su estatus migratorio.

El DOJ todavía se encuentra investigando acusaciones de abuso físico en la cárceles del Sheriff y el manejo sobre una serie de reportes de crímenes de abuso sexual contra latinos que no fueron apropiadamente investigados por esa agencia.

“Creo que el DOJ ha manejado esto muy despacio y con mucha timidez. Se me hace que han durado demasiado tiempo”, opinó Reza, quien describió el impacto de las acciones de Arpaio en la comunidad latina como “devastador”.