Caen 5 por venta y falsificación de licencias
Las detenciones se realizaron en un complejo de apartamentos de Bonnie Brae, en el parque MacArthur.
Cinco angelinos fueron arrestados el miércoles por la tarde presuntamente por participar en la fabricación, venta y distribución de licencias de conducir y tarjetas de identificación falsas, informó hoy el Departamento de Vehículos de California (DMV).
Detectives de esa dependencia, apoyados por agentes de la Policía de Los Ángeles (LAPD) y de la Patrulla de Carreteras de California (CHP), realizaron las detenciones en un complejo de apartamentos localizado sobre la calle Bonnie Brae, en el parque MacArthur, una zona habitada mayormente por hispanos y donde prolifera la venta de documentos apócrifos.
En la revisión de la vivienda, reportó el DMV, se confiscaron licencias de manejo, credenciales de identificación y tarjetas de seguro social, así como equipo de cómputo, impresoras, materiales de laminación, maquinaria y otros artículos utilizados en la falsificación de documentos de gobierno.
Los arrestados son Alfredo Roldán, de 45 años; Javier Mores Rojas, de 27; Hugo León Díaz, de 36; y Reinaldo Mérida, de 21, todos residentes de la ciudad de Los Ángeles. Un quinto detenido aún no ha sido identificado por las autoridades.
“Felicito el gran trabajo de los investigadores del DMV, así como de las agencias policiacas participantes, que en conjunto detuvieron una importante operación de manufactura ilegal”, expresó el director del DMV, George Valverde.
Los cinco sospechosos se encuentran detenidos en la Cárcel Central del condado de Los Ángeles bajo los cargos de manufactura, venta y distribución de documentos apócrifos de ciudadanía; falsificación; reproducción o falsificación de licencias de manejo y tarjetas de identificación; y falsificación de sellos públicos y corporativos.
Se les ha fijado una fianza de $75,000. Autoridades del DMV han indicado que se les pueden imponer cargos adicionales a través de la Fiscalía del condado. Si son declarados culpables, los cinco acusados podrían enfrentar un castigo de hasta tres años en una prisión estatal.