Revisión ‘Suprema’ a la reforma de salud

En el país la mayoría de las personas con seguro de salud lo obtienen a través de sus empleadores

Washington.- La reforma de salud promulgada en 2010 por el presidente Barack Obama, cumplió ayer dos años como el mayor logro de su mandato y el más repudiado por sus adversarios, en vísperas de que el Tribunal Supremo escuche argumentos a su favor y en contra.

La legislación -conocida oficialmente como Ley de Cuidado Asequible de la Salud- introdujo los cambios más grandes en más de medio siglo en la asistencia médica en Estados Unidos y apunta a proveer de esos servicios a millones de personas que no pueden pagarlos.

Obama no realizó ninguna actividad especial para conmemorar el segundo aniversario de la promulgación de la reforma y, partió hacia Corea del Sur para participar en la Cumbre de Seguridad Nuclear que se celebrará en Seúl la próxima semana.

Ningún legislador del Partido Republicano votó a favor de la ley en 2010 y sus enemigos más acérrimos han denunciado los cambios, que se han ido introduciendo gradualmente, como un paso hacia un régimen totalitario.

En 38 de los 50 estados del país los legisladores republicanos han presentado proyectos de ley que impiden o limitan la aplicación de la reforma.

Asimismo, los Gobiernos republicanos de 26 estados iniciaron querellas que la semana próxima llegarán al Supremo.

A partir del lunes los nueve magistrados del Supremo escucharán argumentos acerca del ingrediente más controvertido de la Ley de Cuidado Asequible de la Salud- la obligación de que todas las personas en el país tengan un seguro médico o paguen una multa por no tenerlo.

El Gobierno de Obama argumenta que tal requisito es un complemento de los nuevos mecanismos incluidos en la legislación y que crearán sistemas de seguros de salud asequibles para toda la población.

En el país la mayoría de las personas con seguro de salud lo obtienen a través de sus empleadores.

Hay empleadores que no ofrecen un seguro de salud y las personas que no tienen o pierden un empleo pierden el seguro.

Aquellos que no tienen seguro y afrontan emergencias van a los hospitales, donde el costo de su atención pasa a los contribuyentes.

Los adversarios del “seguro obligatorio” sostienen que esa estipulación en la ley viola la Constitución, tanto porque obliga a los individuos a la adquisición de un servicio como porque impone a los estados costos dictados por el Gobierno federal.

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