Más problemas para las Comunidades Seguras
El programa consiste en ingresar las huellas dactilares de personas detenidas para luego contrastarlas con las bases de datos del FBI
El reporte destaca que las oficinas locales duplicaron la investigación asociada a su detención y los oficiales no siempre documentaron de manera suficiente. Crédito: AP
WASHINGTON, D.C.- Dos nuevos reportes emitidos recientemente, por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, identificaron problemas en la implementación y ejecución del polémico programa Comunidades Seguras.
Éste consiste en ingresar las huellas dactilares de personas detenidas en jurisdicciones suscritas a él, para luego contrastarlas con las bases de datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Si se determina que el individuo no posee estatus migratorio legal, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ejecuta medidas de control, entre ellas iniciar procesos de deportación.
El primer informe de la Oficina del Inspector General de DHS, publicado el 5 de abril de 2012, explicó que desde 2008, ICE ha gastado cerca de 750 millones de dólares en Comunidades Seguras y ha identificado a 692,000 criminales extranjeros. Es decir 1,083 dólares por persona localizada.
El documento aseguró que este sistema ha sido efectivo en identificar extranjeros criminales en la mayoría de los casos. “La agencia expandió su capacidad de reconocer delincuentes extranjeros en áreas que no estaban cubiertas por sus otros programas. Además, fue capaz de identificar a estas personas temprano en el proceso, algunos de los cuáles no habrían sido localizados por otros métodos”.
Sin embargo, el reporte destacó también que “las oficinas locales duplicaron la investigación asociada a su detención y los oficiales no siempre documentaron de manera suficiente, sus acciones de control de seguridad”.
El segundo reporte, con fecha 27 de marzo de 2012, se enfocó en la implementación de Comunidades Seguras. ICE ha enfrentado fuertes críticas debido a la ambigüedad con la que comenzó la expansión del programa en 2009 y sobre todo, la poca claridad respecto a su carácter obligatorio.
“No encontramos evidencia de que la agencia engañó al público intencionalmente o a los estados y jurisdicciones locales, al implementar Comunidades Seguras. No obstante, no comunicaron claramente a los grupos de interés, las intenciones del programa y lo que esperaban de su participación en él”, detalló en informe.
