Presionan por una reforma hipotecaria

SACRAMENTO.- Más de 300 latinos llegaron de todo el estado al Capitolio para presionar a los legisladores a que aprueben un controversial paquete de propuestas que de hacerse ley les dará más protecciones y mecanismos de defensa legal a quienes enfrentan un proceso de embargo.

De acuerdo a Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), uno de cada dos embargos han afectado a las familias latinas en California, es decir el 50% de todos los embargos han sido contra latinos.

“Nosotros no somos estadísticas sino las voces que venimos a defender a nuestras comunidades y queremos más protecciones para nuestras familias en el proceso de embargo”, dijo Murguía.

Precisó que el proceso de la doble vía (dual track) que permite a los bancos embargar cuando al mismo tiempo los propietarios de una casa negocian la modificación de su hipoteca, debe llegar a su fin.

“Lo que queremos es quienes hayan sido afectados puedan tener el derecho a demandar a las agencias financieras si ése es el caso, y se incluya un mecanismo para hacerlos cumplir”, enfatizó.

El paquete de iniciativas de ley denominado “Acta de Derechos de los Propietarios de Casa” propuesto por la procuradora Kamala Harris está basado en el acuerdo nacional alcanzado con cinco grandes bancos que ofreció diferentes alternativas de ayuda como reducción de deuda a 250,000 propietarios en apuros.

“Este no es asunto que necesita ser ley en California porque son reglas que proveen transparencia a la gente que le prometimos que tendrían una vida decente si jugaban limpio y compraban una casa”, dijo Harris durante su comparecencia en el Comité Conjunto Legislativo de asuntos hipotecarios.

El paquete de Harris está contenido en cuatro propuestas de ley que plantean restricciones sustanciales al proceso de la doble vía específicamente que quien solicite una modificación de su préstamos debe recibir un si o un no en los primeros 120 días de incumplimiento de pago antes de que comience el proceso de embargo.

Obliga a las instituciones prestamistas a ofrecer una sola persona de contacto para las negociaciones de modificación de préstamos; y prohíbe la práctica de los bancos de firmar miles de documentos y declaraciones juradas sin verificar la información contenida.

Cathy Morúa madre de cuatro hijos vino de Azusa en el condado de Los Ángeles a pedir a los legisladores que protejan a los californianos de embargos innecesarios como fue su caso.

“Había vivido en mi casa 25 años y debido a que mi esposo, un contratista ya no pudo seguir construyendo casas al mismo ritmo debido a la crisis económica, tuvimos que pedir una modificación en el préstamo hipotecario pero el banco no quiso hacer nada y pusieron la casa en subasta por 411,000 dólares y como nadie les ofreció lo que pedían, se la compraron ellos mismos por 230,000 dólares. Me parece muy injusto que no hayan querido negociar con nosotros”, se lamentó Morúa.

El asambleísta republicano de Irvine, Donald Wagner expresó sus preocupaciones de que si estas medidas se hacen ley podrían hacer que los instituciones financieras ya no quieran hacer préstamos hipotecarios en California.