Buenas decisiones judiciales
El matrimonio gay merece la misma consideración legal que el heterosexual
La institución del matrimonio no está bajo amenaza ante las recientes decisiones judiciales a estas uniones entre personas del mismo sexo. Los prejuicios, la intolerancia y la falta de información son los que corren peligro.
Primero fue la decisión del Primer Circuito del Tribunal Federal de Apelaciones que declaró inconstitucional la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA) de 1996 porque niega a las parejas gays derechos y privilegios que gozan las parejas heterosexuales. Después, llegó otro fallo de un Tribunal de Apelaciones, el Noveno Circuito, que rechazó la Proposición 8 que reformó la Constitución estatal para limitar solo a las personas de sexo opuesto.
Las decisiones son el resultado de ver el matrimonio gay como lo que es: una unión entre adultos reconocida por la ley para fines de derechos, beneficios y obligaciones como las de una pareja heterosexual.
La mayoría de los argumentos a favor de la Proposición 8 y de DOMA son respetables desde un punto de vista personal. Pero las creencias religiosas no tienen nada que hacer, especialmente a la hora de imponer prohibiciones legales y discriminatorias hacia otra gente.
Al mismo tiempo, el razonamiento legal en defensa de DOMA, que defiende la negativa de beneficios – como el de Seguro Social- a parejas gay, asegura que esto ahorra dinero, mantiene uniforme la definición federal de “matrimonio” y promueve el bienestar de los niños.
En realidad, no hay ninguna evidencia de que los hijos de parejas gay tengan problemas distintos al de una pareja heterosexual; mientras que la afirmación de ahorrar fondos federales mediante la discriminación es indignante.
El matrimonio es una cuestión muy personal, como lo es la relación afectiva entre dos adultos que están comprometidos uno con el otro. Nadie tiene derecho a meterse en donde no le corresponde y mucho menos el Gobierno de discriminar por la orientación sexual de su gente.
