Preparativos ante decisión del Supremo

Organizaciones comunitarias dicen estar listas para seguir la batalla legal
Preparativos ante decisión del Supremo
Si los jueces deciden restablecer la ley antiinmigrante, miembros de la comunidad iniciarán nuevas acciones jurídicas.
Foto: Archivo / La Opinión

PHOENIX, Arizona.- Ante la expectativa de que en cualquier momento se de una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el futuro de cuatro partes de la SB 1070 que fueron bloqueadas, los activistas de Arizona se preparan para lo peor.

La ley que convertía en un delito estatal carecer de documentos legales para vivir en el estado, fue frenada parcialmente por las cortes federales después de enfrentar un desafió legal del Departamento de Justicia (DOJ).

Varios observadores políticos aseguran que una de las secciones más controvertidas de la ley conocida como la 2(b) que hace obligatorio que la policía pregunte por el estatus migratorio de una persona si tiene una “sospecha razonable” podría ser re-establecida por el máximo tribunal.

“Cada oficial de policía va a tener nuevos poderes, si un oficial quiere detenerte por el color de tu piel va a poder hacerlo”, dijo Carlos García, un activista y director del movimiento pro-inmigrante PUENTE.

Otras de las tres secciones de la ley SB 1070 que la Corte Suprema se encuentra considerando incluyen:

-La sección 3 que convertiría en delito bajo la ley estatal de Arizona si un extranjero no cumple con las provisiones bajo la ley federal de portar sus documentos migratorios.

-La sección 5 (c) convertiría en delito estatal que una persona no autorizada para trabajar en Estados Unidos solicite empleo.

-La sección 6 autoriza a los policías a arrestar inmigrantes sólo con “una causa probable” de que hayan cometido una ofensa que los podría poner en proceso de deportación.

García reconoció que pese a que el panorama no se ve prometedor en cuanto al futuro de la ley, el actual debate ha reanimado al movimiento pro-inmigrante de Arizona a reavivarse y unirse forjando una estrategia más fuerte.

Grupos como Respect/Respeto y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) tienen preparada una línea telefónica para recabar testimonios de personas que consideren que sus derechos civiles han sido violados por la nueva ley.

“Nos estamos preparando para acumular testimonios”, dijo Lydia Guzmán, directora de Respect/Respeto.

Estos testimonios podrían asistir en otra de las demandas pendientes contra la ley SB 1070 encabezada por grupos comunitarios de Arizona con el apoyo de ACLU y la del Fondo México Americano para la Defensa y Educación (MALDEF).

Esta demanda a diferencia de la sometida por el gobierno federal argumenta que la ley SB 1070 llevará a que los oficiales de la ley caigan en el uso de perfiles raciales y discriminación.

Una vez que la Corte Suprema decida si levantará el bloqueo temporal de partes de la ley, las puertas quedan abiertas para presentar otros argumentos y reinstaurar el bloqueo, explicó el abogado Dan Pochoda de ACLU en Arizona.

La audiencia en la Corte Suprema despertó nuevamente el polarizado debate a nivel nacional sobre sí los estados pueden implementar leyes para controlar la inmigración, un área que domina el gobierno federal.

La ley SB1070 entró en vigor el 23 de abril de 2010, después de ser proclamada por la gobernadora republicana Jan Brewer. Pero cuatro partes de la medida fueron inmediatamente bloqueadas por orden de la jueza federal Susan Bolton después de una demanda del gobierno federal. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito estuvo de acuerdo con Bolton. La decisión de ese tribunal fue apelada por Brewer en la Corte Suprema que estuvo de acuerdo en aceptar el caso.

El reciente anuncio de la administración del presidente Barack Obama de que se frenarán las deportaciones de jóvenes que llegaron al país ilegalmente antes de los 16 años ha sido un respiro de alivio para muchos.

“Ahora vamos a poder seguir luchando pero con más seguridad”, dijo Viridiana Hernández, una joven indocumentada de 21 años que estuvo involucrada en varias acciones de desobediencia civil y se dejó arrestar.

Hernández está conciente de que este cambio en políticas no beneficiará al resto de su familia en especial a sus padres pero piensa que es un paso hacia adelante ante la incertidumbre que depara una futura decisión sobre la ley SB 1070.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer no ha querido esperar a que salga la decisión de la Corte Suprema. Brewer emitió una orden ejecutiva pidiéndole a AZPOST, un organismo estatal que regula procedimientos policíacos redistribuir un video de 90 minutos con el entrenamiento de cómo implementar la ley SB 1070.

Mientras tanto varias agencias policíacas como la Policía de Phoenix aguardan la decisión y planean llevar a cabo foros comunitarios informativos.

“Si para mi que soy estudiante es muy complicado entender todo esto de la SB 1070 , para el resto de nuestra comunidad todavía mucho más”, dijo Hernández. “Ahorita nos estamos preparando para lo peor, que las cosas no van a ir a nuestro favor. Pero vamos a continuar luchando.”