Concejal de Cudahy se declara culpable

Osvaldo Conde, quien hasta el pasado viernes fuera concejal de Cudahy, se declaró ayer culpable de extorsión y soborno luego de que agentes federales lo arrestaran el pasado 22 de julio junto con el entonces alcalde David Silva y el jefe de supervisores de la ciudad, Ángel Perales.

Los tres funcionarios fueron acusados, tras ser descubiertos en una operación del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de pedir y recibir $17,000 entre los tres para permitir y favorecer a un empresario en la apertura de un dispensario de marihuana.

Los tres se han declarado culpables y comparecerán hoy en el juzgado 341 del Edificio Federal Roybal, en el centro de Los Ángeles.

Silva, de 61 años de edad, Conde de 50, y Perales de 43, podrían recibir pena máxima de 30 años de prisión, aunque el arreglo judicial para declararse culpables y evitar un juicio les disminuiría dramáticamente la sentencia.

Las conversaciones que sostuvieron los tres funcionarios para acordar la cantidad de los sobornos y las garantías de operación del dispensario de marihuana, fueron grabadas a través de un informante confidencial.

Los tres aceptaron sobres con $5,000 cada uno durante una reunión que sostuvieron la noche del 28 de febrero en El Potrero Night Club. Posteriormente Conde pidió otros $2,000 a la persona que estaba trabajando con los agentes del FBI de manera encubierta.

La grabación revela las redes de corrupción en una ciudad de apenas 26 mil habitantes, el 94% de origen latino.

Para asegurar el permiso del dispensario, los funcionarios pidieron ciertas cantidades de dinero que les ayudaría en sus intenciones de reelección.

Como jefe del Departamento de Servicios Comunitarios y encargado de hacer respetar los códigos, el artífice del plan parecía ser Ángel Perales, quien en las grabaciones explica que para obtener el permiso se requerían de tres votos de los concejales, por lo que eran suficiente hablar con David Silva, Osvaldo Conde y Frank Gurule para repartirles dinero. Al concejal Gurule no se le acusa de nada.

Al concejal Juan Romo lo descartaron del plan de sobornos porque dijeron que era muy religioso y al entonces alcalde Josué Barrios lo consideraron como que no valía la pena.