Abogados aseguran que Arpaio promovía la discriminación

PHOENIX, Arizona.- Abogados defensores de los derechos civiles argumentaron ante un juez federal que la Oficina del Sheriff del Condado Maricopa (MCSO) ha discriminado contra los latinos y que el problema viene desde el alto mando de Joe Arpaio.

Así comenzó la recta final de una demanda sometida hace 4 años por organizaciones defensoras de los derechos civiles en respuesta a denuncias de ciudadanos y residentes latinos que fueron detenidos en redadas de inmigración.

“Este caso se trata de la discriminación racial en las fuerzas de la ley, no se trata de políticas migratorias”, dijo Stanley Young un abogado de San Francisco que representa a los demandantes al inicio del juicio ante el juez federal G. Murray Snow.

El juicio comenzó en el marco de la posible entrada en efecto de una porción de la ley SB 1070, que hará obligatorio que la policía local verifique el estatus migratorio de una persona si sospechan que está en el país ilegalmente.

Esa provisión ha dado que hablar precisamente porque sus críticos argumentan que fue inspirada en las políticas de Arpaio y que podría llevar de la misma forma a la detención de los latinos simplemente por el color de su piel.

La demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles y el Fondo-Mexico Americano para la Defensa y la Educación incluye a todos los latinos del Condado Maricopa como afectados y podría resultar en cambios en las políticas de MCSO.

“El problema aquí viene desde arriba”, afirmó Young.

El punto clave que los abogados demandantes deberán demostrar en el juicio que tendrá una duración de 5 días es que MCSO como agencia tenía la intención de discriminar y lo hizo de forma sistemática con el aval del sheriff.

Los abogados defensores de Arpaio en cambio afirmaron que no existe un patrón de uso de perfil racial en la agencia del sheriff.

“Los operativos de MCSO se enfocan en el crimen y solamente el crimen, ellos hacen que se cumplan todas las leyes, sea eso popular o no”, afirmó Tim Casey, abogado defensor.

En el 2007, Arpaio inició redadas para capturar a inmigrantes indocumentados con el nombre de “operativos de saturación del crimen” mediante un acuerdo con el gobierno federal conocido como 287(g).

El acuerdo facultó a los oficiales a implementar las leyes de inmigración pero dio luz a protestas en comunidades latinas alegando que los alguaciles estaban deteniendo a las personas haciendo uso del perfil racial.

“Pienso que me pararon por manejar y tener la piel de color café”, dijo Victor David Vázquez, un ciudadano estadounidense que fue detenido en junio de 2008 durante uno de los operativos de redadas del sheriff en la Ciudad de Mesa.

Vázquez testificó que el alguacil que lo detuvo no tuvo ningún motivo y que la primera pregunta que le hizo fue si hablaba español.

“Me parece gracioso que me preguntará eso, sentí como si me estuvieran señalando, nunca antes me habían preguntado eso durante una detención de tránsito”, recordó.

Después de ser detenido, el alguacil no le dio ninguna infracción y simplemente le dijo que era porque tenía el parabrisa roto.

David Rodríguez, otro de los testigos en el caso viajaba en su camioneta con su familia en las afueras de Phoenix cuando fue detenido por ingresar a un camino que estaba cerrado junto a otros vehículos en diciembre de 2008. Rodríguez dijo que el alguacil le pidió su tarjeta de seguro social –algo que le pareció innecesario puesto que ya le había dado su licencia de conducir.

Rodriguez dijo que sintió que fue tratado diferente “por ser hispano” puesto a que los otros conductores que utilizaron el mismo camino y fueron detenidos no fueron multados.

Uno de los alguaciles del sheriff, Louis DiPietro también testificó sobre el incidente que llevó al arresto de un turista mexicano con visa –Manuel de Jesús Melendres, quien le da nombre al caso.

DiPietro dijo que detuvo el vehículo en el que viajaba Melendres como pasajero por exceso de velocidad, pero los abogados demandantes cuestionaron por qué lo detuvo a él y el resto de los pasajeros sin darle una multa al conductor.

El alguacil titubeó en sus respuestas, en un momento diciendo que los detuvo porque eran parte de una investigación de tráfico de seres humanos, e indicando que eran jornaleros que típicamente son inmigrantes indocumentados.

“Sólo porque Melendres se subió a ese auto, con otros que eran latinos fue cuestionado sobre su estatus migratorio, la única información que tenían sobre él es que parecía ser un jornalero pero no era”, dijo Andre Segura uno de los abogados demandantes para ACLU.

Las primeras horas del juicio se enfocaron en números y estadísticas.

Entre las evidencias se presentó el testimonio de Ralph B. Taylor un profesor de justicia criminal en la Universidad de Temple en Pensilvania que realizó un análisis estadístico de 11 de las redadas que ocurrieron entre 2007 y 2009.

Taylor determinó que durante los llamados “operativos de saturación del crimen” los automovilistas hispanos eran más propensos a ser detenidos por oficiales del sheriff y por más tiempo que personas de otro origen étnico.

Tom Liddy uno de los abogados representando a MCSO cuestionó minuciosamente en su interrogatorio de Taylor la credibilidad del análisis que presentó, desde qué casos de detenciones de tráfico fueron analizados hasta la metodología.

Hasta el momento el juez Snow ha tomado decisiones favorables para los demandantes.

En diciembre del año pasado emitió una orden -en respuesta a una moción de los demandantes – en la que prohibió a la oficina del sheriff detener a un conductor sólo por la sospecha de estar en el país ilegalmente.

La demanda de ACLU y MALDEF es independiente a otro litigio del Departamento de Justicia (DOJ) sometido el pasado mayo contra MSCO por acusaciones de violar los derechos civiles.

El DOJ presentó además acusaciones de maltrato a los presos en sus cárceles y abuso de poder, pero ambas demandas señalan a Arpaio como el principal responsable de promover políticas discriminatorias.

Parte de las evidencias de ACLU contra MCSO incluyen cartas con contenido racista que el sheriff recibió de sus constituyentes donde le pedían que realizará operativos de redadas. Los abogados demandantes argumentan que Arpaio le pidió a su personal que le diera seguimiento a las cartas con contenido discriminatorio. Casi inmediatamente después se realizaron redadas en esas ciudades.

“Hay documentos que muestran que oficiales en altos puestos y Arpaio sabían que esto estaba sucediendo y lo alentaron, siguiendo cartas y correos de constituyentes quejándose del color de la piel de una persona”, dijo Segura. “Todo eso es parte de una cultura que tiene que cambiar, si la manera en la que deciden hacer estos operativos se basa en el perfil racial va a llevar a eso aunque digan que no”.

Casey uno de los abogados defensores de Arpaio dijo que no existía conexión entre las cartas y los operativos.

Se espera que Arpaio tenga que testificar la próxima semana en el juicio de cinco días que se reanudará el próximo martes 24 de julio.