Corte supera crisis
El Alto Tribunal salvadoreño reinició sus funciones ayer
El nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, Salomón Padilla asiste a la sesión de Corte Plena en San Salvador, donde asumió su cargo. Crédito: EFE
SAN SALVADOR, El Salvador (EFE).— La nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador inició funciones ayer después de que fuera superada la crisis institucional más grave que ha enfrentado el primer Gobierno del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el poder desde 2009.
El nuevo presidente del Supremo y de la Sala de lo Constitucional, Salomón Padilla, asumió este miércoles ambos cargos, al igual que los otros magistrados que el martes fueron elegidos de nuevo y juramentados por el Parlamento salvadoreño.
El Salvador contó durante varias semanas con dos cortes supremas debido a un conflicto entre los poderes Judicial y Legislativo desatado el 5 de junio pasado, cuando la Sala de lo Constitucional anuló las elecciones de 20 magistrados pero estos desacataron los fallos.
La crisis se superó el domingo pasado, cuando los seis partidos con representación parlamentaria alcanzaron un acuerdo en una mesa de negociación, instalada el 24 de julio, con la mediación del presidente salvadoreño, Mauricio Funes.
“Mi desempeño tiene que estar sobre la base o, más bien dicho, dentro del marco regulatorio de la Constitución y de las leyes de la República, en eso no me pierdo”, enfatizó el nuevo presidente del Supremo a periodistas.
Padilla aseguró que la Corte Suprema “entra en un nuevo ciclo” y que en adelante “todo tenderá a la normalización de sus actividades”., al tiempo que exhortó a todos los magistrados a hacer “un esfuerzo de comprensión, de tolerancia y de respeto mutuo”.
El nuevo presidente del Supremo reconoció que tiene relación con el FMLN, pero aclaró que “pese a la afinidad” cuenta “con toda la independencia necesaria para poder actuar” en sus nuevos cargos en el órgano judicial.
La crisis que dividió al órgano judicial salvadoreño en dos cortes supremas afectó su actividad interna al extremo, según la prensa local, de paralizar muchos procesos judiciales.
La Asamblea Legislativa eligió de nuevo anoche a la veintena de magistrados cuya designación, en 2006 y en abril de este año, había anulado la Sala de lo Constitucional por considerar que no les correspondía a las legislaturas que las hicieron.
Según la Constitución, cada tres años debe renovarse un tercio de los 15 miembros del Supremo, que así cumplen períodos escalonados de nueve años, pero no dice cuándo deben ser elegidos.
El Parlamento, que rechazó los fallos de la Sala, cumplió con un acuerdo político firmado el domingo por Funes y los seis partidos políticos, tras varias semanas de negociaciones para superar la peor crisis institucional que ha enfrentado el Gobierno, que finalizará su período en el 2014.
Funes destacó este miércoles en un evento oficial que el conflicto se solucionó gracias a su intervención y que a partir de ahora la Corte estará “funcionando normalmente”.
El gobernante ha reconocido que con el acuerdo se acataron las sentencias de la Sala de lo Constitucional, que ordenaron a la Asamblea elegir de nuevo a los magistrados.
El jefe de la fracción del principal partido de oposición, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Donato Vaquerano, señaló que la crisis ha sido “quizás uno de los conflictos más serios que ha tenido (el) país después de la firma de los Acuerdos de Paz” en 1992, que pusieron fin a 12 años de guerra civil (1980-1992).
La crisis dejó como lección que debe haber un “fiel cumplimiento de la Constitución, de los fallos judiciales y por ende de las sentencias de la Sala Constitucional”, dijo Vaquerano.
El conflicto institucional afectó “la imagen del país” y causó “erosión de la confianza de los inversionistas”, añadió.
El diputado y portavoz del FMLN, Roberto Lorenzana, aseguró que los nuevos magistrados tienen que demostrar “su compromiso de defender la independencia del órgano judicial”, y respetar “la independencia de los demás órganos del Estado”.
Además, señaló que el FMLN acompañará “las reformas legales y constitucionales que sean necesarias para impedir que este tipo de crisis se repita”.
El Parlamento aprobó el pasado día 10 una reforma constitucional, sujeta a ratificación, que establece que a una legislatura sólo le corresponden elecciones de segundo grado en una ocasión.
Superada la crisis en el caso de los magistrados, queda pendiente el del nuevo fiscal general, Astor Escalante, cuya elección también fue anulada por la Sala por considerar que tampoco le correspondía a la legislatura que terminó el 30 de abril, sino a la actual que asumió el 1 de mayo.
Escalante debe asumir el 18 de septiembre próximo en sustitución de Romeo Barahona.
El Salvador solventó la crisis institucional al margen de un fallo de la Corte Centroamericana de Justicia, que el pasado día 16 declaró inaplicables las sentencias de la Sala.
