Texas no podrá aplicar ley de identificación

WASHINGTON, D.C.- Es un duro golpe para la legislatura de Texas y de varios estados en el país. La Corte Federal del Distrito de Columbia falló ayer, en contra de la ley S.B.14, que obligaba a los votantes, a presentar una identificación gubernamental con foto, para participar en los comicios de noviembre.

La ley, es una entre más de 33 iniciativas presentadas a lo largo del país, con propósitos similares, de las cuáles otras siete ya fueron promulgadas en estados como Alabama, Kansas, Mississippi, Rhode Island, Carolina del Sur, Tennessee y Wisconsin.

“Bajo esta legislación, muchos sin los documentos requeridos, serían forzados a viajar grandes distancias para obtenerlos y otros, tendrían que pagar por los papeles necesarios. La legislatura rechazó esfuerzos razonables para mitigar estas cargas. Estamos complacidos que la corte negara la aprobación, por sus efectos discriminatorios raciales”, declaró el Procurador General, Eric Holder.

En un veredicto de 56 páginas, los jueces, David Tatel, Rosemary Collyer y Robert Wilkins, aseguraron que la ley tendría un impacto desproporcionado en los más pobres y las minorías. De acuerdo a cifras del censo, los hispanos registran una tasa de pobreza de 25.8% en el estado, mientras los afroamericanos alcanzan 23.3%. En cambio, la población blanca muestra un 8.8%.

“La carga de obtener los documentos necesarios, recaerá casi de manera segura, en las minorías, una preocupación bien reconocida por aquellos que trabajan con estas comunidades”, especificó el documento.

“Basados en la evidencia que está ante nosotros […] creemos que muchos afroamericanos e hispanos que votaron en la última elección, no podrían hacerlo durante los siguientes comicios, debido a las cargas impuestas por S.B.14”, agregaron.

El gobernador de Texas, Rick Perry, especificó que esta es “otra victoria para la práctica de fraudes. Los jueces federales destruyeron la voluntad de la gente de Texas y minimizaron nuestro esfuerzo por asegurara elecciones justas y exactas […] continuaré trabajando con el procurador general del estado, para luchar por el derecho que otros estados ya tienen, de proteger sus elecciones”, declaró.

Una postura que indicó sus intenciones de llevar el asunto a manos de la Corte Suprema. Desde que Perry, promulgó la ley, en mayo de 2011, comenzó la batalla legal en su contra.

Básicamente, S.B.14 requiere que toda persona que vote en el estado, presente al menos uno de los siguientes documentos: licencia de conducir, certificado de nacimiento, papeles de naturalización, una orden de la corte indicando un cambio de nombre y/o género.

Texas debe cumplir con la sección 5 de la Ley de Derechos de los Votantes. Es decir, mostrar que las políticas locales, no tendrán un efecto discriminatorio en los electores minoritarios.

Además, está incluido entre los 16 estados, que deben obtener un permiso del Departamento de Justicia o de una corte federal en Washington, antes de rediseñar sus distritos electorales o cambiar los procedimientos para la realización de elecciones, debido a su historia de violaciones en esta área.

En marzo, Holder dijo que Texas había fallado en demostrar que S.B.14 “no tendría efectos en negar o coartar el derecho a voto, basados en la raza”.

Texas cuenta con 12,8 millones de electores registrados, de los cuales casi 2,4 millones son latinos. El gobierno explicó que el estado podría tener, entre 795,000 y 955,000 votantes, sin una identificación personal, pero que, tienen derecho a participar en las elecciones.

En su defensa, el estado de Texas alegó que la ley no perjudicaría a las minorías y prevendría el fraude electoral.

Con el nuevo fallo de la corte, organizaciones de derechos civiles, aprovecharon de validar la importancia de la sección 5. “Este caso demuestra que todavía la necesitamos. Sin el proceso de revisión federal que impone, la democracia hubiera fallado a la amplia población minoritaria que no puede costear los documentos requeridos, viajar largas distancias o ausentarse del trabajo para ir a una oficina de gobierno que emita una identificación con foto”, dijo, Terri Burke, directora ejecutiva de ACLU, Texas.

Un estudio de Brenan Center for Justice indicó que al menos cinco millones de votantes podrían ser privados de su derecho a votar en la elección 2012, debido a la implementación de legislaciones estatales con mayores exigencias para el registro.