Arizona dice sí a cláusula 2b de la SB1070

CHARLOTTE, Carolina del Norte.- Mientras varios oradores hablaban del futuro de una reforma migratoria en la Convención Nacional Demócrata (DNC) una jueza federal en Arizona rechazó la solicitud de abogados de derechos civiles para frenar parte de la ley SB 1070.

La provisión 2(B) de la controversial ley antiinmigrante de Arizona hace obligatorio que la policía local verifique el estatus migratorio de una persona con la que entre en contacto si tiene sospecha de que esta en el país ilegalmente.

El Centro Nacional para las Leyes de Inmigración (NILC) y otras organizaciones solicitaron a la jueza Susan Bolton que frenará esta parte de la ley argumentando que llevaría a la discriminación de los latinos.

Pero Bolton indicó en su decisión que no podría frenar la implementación de la ley prematuramente sin tener evidencias de su impacto.

Este dictamen es el más reciente de una larga y compleja saga de litigios legales contra la ley estatal de Arizona que inspiró medidas similares en otros estados como Georgia y Alabama.

La ley SB 1070 entró en efecto parcialmente el 29 de julio de 2010, después de que la misma jueza decidiera frenar varias de sus provisiones tras una demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

El DOJ argumentó a diferencia de NILC que varias porciones de está ley estaban en conflicto con la prioridades del gobierno federal quien tiene el dominio exclusivo para regular la migración del país.

Este desafío abrió las puertas para que la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer apelará la decisión llevando el caso en última instancia hasta la Suprema Corte de los Estados Unidos.

El máximo tribunal decidió el pasado 25 de junio permitir que la porción que requiere solicitar documentos entre en efecto, pero dejó las puertas abiertas para otros desafíos legales sobre la base de que podría dar lugar a la discriminación.

Pese a la más reciente decisión de Bolton sobre la demanda de NILC, esta provisión de la SB 1070 no entrará en efecto inmediatamente. La jueza todavía tiene que cancelar el bloqueo original que emitió en el 2010, para permitir que esa parte se haga efectiva.

“Esto va a resultar en mayor discriminación”, dijo Linton Joaquin, abogado de NILC.

Joaquin no quiso adelantar cual sería el siguiente paso a seguir después de que la solicitud de bloqueo de la ley fracasó. Una de las opciones podría ser que NILC apele la decisión de Bolton con la Corte del Noveno Distrito o que presente evidencias ante la jueza –una vez que la ley entre en efecto- de casos de discriminación.

Joaquin indicó que un aspecto preocupante de la SB 1070 es que permite que cualquier ciudadano pueda demandar a una corporación policíaca si considera que no está implementando la ley apropiadamente.

“Esto le quita toda discreción a la policía ante la amenaza de poder enfrentar una demanda”, agregó.

NILC también argumentó que la ley SB 1070 había sido creada con intenciones discriminatorias por su promotor el senador republicano Russell Pearce quien fue destituido el año pasado. Los abogados presentaron evidencias de correspondencias con contenido racista que intercambio el político en relación a esta ley.

Carlos García, director de PUENTE una organización pro-inmigrante afirmó que la reciente decisión de Bolton generará muchas interrogantes sobre cómo será implementada por oficiales que trabajan en las escuelas.

“Con esto lo que hemos estado viendo con el sheriff Arpaio se va a expandir”, dijo García.

El activista se refiere al controversial sheriff Joe Arpaio del Condado Maricopa quien enfrenta una demanda del Departamento de Justicia (DOJ) por discriminar contra los latinos durante sus operativos de redadas de inmigración.

“Lo que el DOJ llamó el peor caso de perfil racial en la nación se va a expandir”, agregó.

En un comunicado la gobernadora Jan Brewer aplaudió la decisión dde la juez. “Hoy Arizona ha dado un paso más para implementar el aspecto más importante de la ley SB1070, con esto, Arizona deja claro que no va a tolerar políticas de ciudades santuarios y que ahora tendrá a miles de oficiales colaborando con el gobierno federal para cumplir con su deber, que no es otra cosa que cumplir con la ley”.