¿Podrá acabar Peña Nieto con el crimen?

Presidente electo de México se compromete a bajar índices de violencia y de muertes

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, intentará bajar  índices de violencia, aun cuando se tenga que enfrentar a su propio partido.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, intentará bajar índices de violencia, aun cuando se tenga que enfrentar a su propio partido. Crédito: AP

MÉXICO, D.F.- Enrique Peña se comprometió a bajar los índices de violencia y muerte una vez en el poder aunque para lograrlo deberá enfrentar a gente de su propio partido, el Revolucionario Institucional (PRI), gobernadores y congresistas, al Ejército, ala Procuraduría General de la República (PGR) e incluso a sí mismo.

Para poder perfeccionar la Ley de Extinción de Dominio, por ejemplo, un estudio patrocinado por la Cámara de Diputados documentó que es “absolutamente necesario” independizar al Ministerio Público del poder Ejecutivo; es decir, darle autonomía a las fiscalías estatales y a la PGR, una demanda social que han ignorado tanto mandatarios estatales como el presidente de la República.

La Ley Federal de Extinción de Dominio, vigente desde el2009, regula la pérdida de los bienes dela delincuencia organizada que sean instrumento, objeto o producto de delito,en favor del Estado, con el fin de cortar los recursos económicos.

“El problema para la aplicación es que si se está vinculado con el crimen organizado desde diversos niveles de Gobierno, entonces no se actúa para documentar el delito”, explica Isabel Miranda de Wallace, fundadora de la organización Alto al Secuestro y excandidata a jefa de Gobierno del Distrito Federal. “Eso pasa mucho”.

En su experiencia con las denuncias por plagios encontró que en los estados se niegan a implementar unidades antisecuestro “efectivas” con protocolos, unidades de investigación, reacción y análisis táctico. “Algunos policías estatales y municipales están ligados con el narcotráfico y el crimen organizado y no quieren hacerlo”.

En ese sentido, el trabajo político para enfrentar la resistencia sería clave para el partido de Enrique Peña Nieto ya que controla 20 de los 32 estados del país y 921 de los 2,457 municipios a nivel nacional.

En el libro México, la gran esperanza que sirvió al presidente electo como plataforma de campaña, este se comprometió a profesionalizar el servicio de carrera de la policía de investigación, del Ministerio Público y jueces así como “vincular a la sociedad a los consejos estatales y municipales de seguridad”, incursión que las autoridades mexicanas aún toman con recelo.

En el mismo documento calculó que, por falta de confianza, no se denuncian el 87% de los delitos y en consecuencia la impunidad asciende al 98.76%.

En este último punto coincide César Duarte, gobernador de Chihuahua, estado que alberga a Ciudad Juárez, una de las ciudades más peligrosos del mundo. “Desgraciadamente lo que más alienta la violencia es la impunidad y hay regiones del país donde no se ha avanzado absolutamente nada en esta materia”.

Chihuahuafue en el sexenio de Felipe Calderón, que arrancó en 2006, ejemplo de losembates armados contra al crimen organizado que llevó al estado de 569 asesinatos en 2005 a 4,502 en 2011, pero también desde otrosfrentes: fue uno de los primeros en instrumentar los juicios orales.

Duarte exhorta al próximo gobierno air también más allá del ejército en las calles. “Losresultados que se tienen a todas luces deja claro que no es sólo un frente elque se tiene que asumir, sino una política integral, desde el avance al sistemapenal y el sistema judicial”.

Estos instrumentos contra el crimen pondrán a prueba al próximo presidente en dos sentidos:su influencia real en el congreso, donde el PRI tiene mayoría, y la voluntadpara terminar con la violencia que en los últimos seis años dejó más de 50,000muertos.

Desde el 2008, el legislativo aprobó laReforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal que contempla la modalidad de juicios orales;sin embargo, fue hasta tres años después que el Ejecutivo presentó lainiciativa del nuevo Código Federal de Procedimientos Penales ante la Cámara deDiputados, donde sigue detenida.

Según la constitución la nueva ley debeentrar en un plazo máximo de 8 años, para que entidades federativas yFederación hagan las reformas necesarias para implementar el sistema acusatorio,pero es a corto plazo cuando podría tener un mayor impacto contra la impunidady las confrontaciones armadas.

“El trabajo legislativo será muy importantepara lograr sacar al Ejército de las calles cuando haya condiciones”, consideraHeliodoro Díaz, quien fue presidente de la Comisión de Seguridad en la Cámarade Diputados por el PRI.

“El Ejército debe reorientar su actuación yser coadyuvante de la seguridad: no me parece ver a militares ejerciendo sinacotamiento y que trate a los ciminales como si estuviéramos en una guerra”.

Por lo pronto, Peña dijo que conservará a lossoldados en las zonas de mayor presencia del narcotráfico (aún no especificacuáles) y prometió bajar los índices de secuestro, extorsión y robo al menos un50%. “Son los delitos que más golpean a la sociedad”, evaluó.

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