Verdad de Rápido y Furioso
Es una mancha para la Casa Blanca y para el congresista Issa
El reporte del Inspector General sobre la operación Rápido y Furioso fue claro en establecer responsabilidades y en su crítica al Departamento de Justicia y su agencia, el Buro para el Tabaco, Alcohol, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
El comité de Supervisión Gubernamental de la Cámara Baja, que ha encabezado la pesquisa legislativa sobre el caso, declaró que el reporte era un paso importante para esclarecer los hechos.
Lo que no dijo el congresista Darrell Issa, quien preside el comité, es que las conclusiones desmienten la narrativa promovida por el legislador sobre este hecho. Por meses él ha afirmado que esta fue una operación gigantesca que, actuando bajo el conocimiento del Secretario de Justicia -y quizá hasta de la Casa Blanca- envió armas a México, poniendo en riesgo la vida de mexicanos y estadounidenses, todo con el fin de privar a la gente del derecho de poseer armas.
La realidad fue muy distinta. Este fue un operativo planeado en Phoenix y la mayoría de los 14 nombrados en el reporte son procuradores federales, al igual que los agentes del ATF. La responsabilidad subió hasta el jefe de la División Criminal que no informó al secretario Eric Holder de lo que estaba ocurriendo.
De esta manera, no se sabe que es peor, si lo que realmente ocurrió o lo que se exageró para ganar rédito político.
Según Issa, la administración Obama es “el gobierno más corrupto de la historia”, tratando de demostrarlo en este caso. Incluso para ello declaró en desacato a Holder, un hecho que jamás ocurrió con un secretario de Justicia en la historia de Estados Unidos.
Demás está decir que el reporte extendió responsabilidades hasta la administración de George W. Bush cuando surgió el primer programa de venta de armas. Un hecho que fue ignorado por el comité legislativo en su pesca de culpables dentro del gobierno actual.
Debe quedar claro que la operación que permitió la venta de armas a sospechosos de revenderlas a las mafias mexicanas, fue una mala idea, a pesar de que haya resultado en 20 detenidos y 14 convictos. Que causa justa indignación que dos de esas armas fueron halladas en el asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry. Los despidos, renuncias y sanciones en ATF y Justicia son justificados.
Sin lugar a dudas el reporte es una mancha para la administración Obama que es la última responsable de las acciones del gobierno federal. Esta es la primera vez que hay una perspectiva real de lo ocurrido, lo que también desnuda el descarado partidismo de Issa y su comité.
