Criminales se adueñan de cárceles mexicanas

MÉXICO, D.F.- Las cárceles mexicanas se convirtieron en negocios privados de servicios como prostitución, protección personal y zonas de confort, así como de venta de todo tipo de mercancías desde alimentos, drogas, armas, celulares y bebidas alcohólicas que controlan “autogobiernos” integrados por criminales y funcionarios, según descripciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Esta “privatización” ilegal de las prisiones permite también prácticas de tortura, golpes y encierros; mordazas con cobijas y bolsas; hambre y sed; extorsiones y cuotas que se imponen por la ley del más fuerte.

“De la muestra de 100 centros penitenciarios visitados –tres por estado-, en 60 de ellos se constató la existencia de autogobierno”, dijo el ombudsman nacional Raúl Plascencia durante la presentación del Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2011.

“Obviamente en algunos de estos centros son los narcotraficantes quienes tienen el control que logran con su poderío económico”,

La consecuencia extrema de esta “delicada crisis” son cifras precisas detalladas por la CNDH. Desde el 2010 a la fecha: 14 fugas donde se evadieron 521 internos; 75 riñas que dejaron un saldo de 352 fallecidos y dos motines donde murieron dos presos y 32 quedaron lesionados.

Para realizar su reporte, los inspectores de derechos humanos visitaron dos terceras partes de las cárceles que concentran 238,269 rehenes, entrevistaron a directores de los centros, personal de seguridad, custodios y trabajadores de áreas técnicas y encuestaron a reclusos.

En tales trabajos encontraron que la mayoría de los centros penitenciarios no cuenta con registros o control de supervisión para verificar su funcionamiento.

Además carecen de procedimientos para la prevención y atención de incidentes violentos, como riñas, lesiones dolosas, fugas, suicidios, homicidios y motines.

También se detectó la omisión de las autoridades para implementar manuales de procedimiento de ingreso, traslado de los internos, casos de motín, uso de la fuerza, de audiencia con las autoridades, presentación de quejas, visita familiar, visita íntima y revisión de ingreso.

“El escaso control por parte de las autoridades de algunos centros respecto de la seguridad y de las diversas actividades que se realizan al interior de los mismo propician el autogobierno”, concluyó la CNDH.

El descontrol no se limita a la normatividad, corrupción y autogobierno. La sobreproblación actual es de alrededor de 50,000 presos: la infraestructura está diseñada para 189, 397 reos y actualmente hay 238,269.

El hacinamiento se une a la falta de separación entre hombres y mujeres en los centros que albergan población mixta o por su tipo de perfil psicológico y criminológico, así como la separación entre procesados sentenciados.

Carecen de acceso a los servicios de salud; de actividades laborales, de capacitación, educación y deportivas y de una estancia digna con los requerimientos mínimos de higiene, lo que obliga a sus familiares a llevar comida o adquirirla al interior de prisión.

En el caso de las personas con requerimientos específicos como las mujeres con hijos en prisión, ni siquiera tienen sitios para atenderlos; a las personas con discapacidad se les coloca en pisos altos y los indígenas no cuentan con traductor.

Las entidades con las peores condiciones para los reclusos son: Distrito Federal, Estado de México, Tamaulipas,Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Tabasco y Oaxaca y Quintana Roo.”Hoy en México quienes decidieron cometer un delito y están recluidos carecen de oportunidades de reinserción social”, concluyó Plascecia. “Con las condiciones actuales de los centros de reinserción no habrá política de seguridad pública que dé resultados”.

Durante años, la CNDH ha denunciado el deterioro carcelario en el país, pero las autoridades no han intervenido. El reciente informe será enviado a detalle a los gobernadores de los estados y a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, como cada año.