Cruenta guerra en Sinaloa
A pesar de la presencia de policías federales y del Ejército, el número de muertos en enfrentamientos no disminuye.
En 2011, los sinaloenses se estremecieron con cinco muertes violentas diarias hasta sumar 1900 en el año. Crédito: Archivo / La Opinión
MÉXICO, D.F.- Alma Trinidad Camacho responde al teléfono todavía alterada: minutos atrás encontraron cerca de su colonia las cabezas de personas desconocidas en una racha de asesinatos que en las últimas horas quitó la vida a más de 30 muchachos y un par de niños, 17 calcinados cuando regresaban de fiestas.
“A veces matan a más a veces a menos, pero la violencia nunca para en Sinaloa, aquí todos los días corremos peligro”, reprocha Camacho, fundadora de la organización Voces Perdidas por la Vida que busca justicia de parientes asesinados desde 2008.
Cuatro años han pasado y el promedio de asesinatos al día relacionados al crimen organizado es el mismo.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública ubicó a Sinaloa en el cuarto lugar de homicidios dolosos en 2012 con 785 hasta julio pasado y sólo superado por Chihuahua con 1222; Guerrero, con 1054 y Nuevo León (857).
En 2011, los sinaloenses se estremecieron con cinco muertes violentas diarias hasta sumar 1900 en el año; entre ellos, 90 policías, un centenar de mujeres y altos funcionarios como el ex director de gobierno, Luis Pérez Hernández.
Al impacto de la violencia por los homicidios se agregan otros daños, explica en entrevista Javier Valdés, escritor sinaloense autor de los libros Miss Narco, Los Morros del Narco y Levantones.
“Es un espejismo medir la violencia sólo por los muertos porque después sigue el miedo y el temor entre la ciudadanía: el narcotráfico te establece en una forma de vida, te condiciona, te salpica aunque no estés involucrado”.
En un día común del 18 de junio pasado, habitantes de Culiacán, la capital del estado, contaron 20 cadáveres en calles y casas particulares. La policía ministerial recogió los cuerpos mientras la vida cotidiana seguía, aunque cada vez más estresada por la impunidad.
“Vemos a los malandrines que se pasean con las armas como si nada, aún cuando hay retenes”, detalla Camacho, de Voces Perdidas por la Vida. “Es obvio que sobornan a las autoridades o éstas tienen miedo, como tienen miedo de investigar a quienes mataron a mi hijo”.
Cristobal Herrera murió ametrallado junto con 10 personas en un taller mecánico donde reparaba su coche en 2008. Desde entonces, la madre se volvió una activista de calle: sacó pancartas, gritó e hizo plantones hasta que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso, pero sigue igual.
“No entiendo por qué no hacen nada: sabemos quién es, hay pruebas”. Según las averiguaciones familiares, Cristobal presuntamente fue víctima indirecta de una venganza contra policías que realizó el hermano de Rubén Beltrán León “El Charrito”, capturado en 2007 con 12 rifles AK 47 y hoy preso en el penal de Alta Seguridad de Puente Grande, Jalisco.
“La violencia relacionada al narcotráfico baja o sube según lo dicta el cártel predominante, en el caso de Sinaloa, el de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael Zambada”, dice Valdés.
El escritor describe el tipo de control que el cártel de Sinaloa, el más poderoso del país, tiene en el estado, “tiene el monopolio del crimen: si baja el delito es porque le conviene bajarlo y si sube es porque otros criminales están metiéndose en sus terrenos, sea narcotráfico, robo de coches o lo que sea”.
En mayo del año pasado pasado miles de panfletos lanzados desde una avioneta sobre Culiacán acusaban al gobernador del estado, Mario López Valdés de proteger al Chapo Guzmán; meses atrás la familia del mandatario y la de su secretario de Gobierno, Gerardo Vargas, se autoexiliaron.
Vargas dijo que no querían “tener la presión por parte de la delincuencia de que si hacemos nuestro trabajo irán por alguien de la familia.”
