Aprueba LA alza de impuestos

Temen que la nueva tasa impositiva aleje a los clientes de los negocios locales
Aprueba LA alza de impuestos
A customer walks through the Famous Footwear store in Aurora, Ohio on Wednesday, Dec. 12, 2007. Footwear makers and retailers are trying to stomp out a Depression-era U.S. government shoe tax, a move that they say could save American consumers hundreds of millions of dollars annually and kick start relatively flat footwear sales. (AP Photo/Amy Sancetta)
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Los Ángeles podría tener una de las tasas de impuestos a las ventas más altas de California, de 9.5%, si se aprueba en las urnas una iniciativa electoral que ayer recibió luz verde en el Cabildo.

Al tiempo, se aplazó el debate acerca del despido de 259 empleados civiles, una de las propuestas que empuja el alcalde Antonio Villaraigosa, además del alza tributaria, para resolver el déficit estructural.

El proyecto de ley, que subiría un 0.5% a dicho gravamen, actualmente de 8.75%, estaría en la boleta electoral del 5 de marzo de 2013, con el propósito de restaurar servicios públicos y preservar el nivel de la seguridad pública, específicamente para evitar el despido de empleados civiles de la Policía.

Dicha medida, que ayer sólo fue aprobada en una primera lectura, obligándola a regresar la siguiente semana al pleno del Cabildo para un voto definitivo, pretende obtener unos 220 millones de dólares al año, los cuales permitirían cerrar un hueco fiscal de 16.6 millones de dólares en el presente ciclo.

Esta acción se presenta una semana después que los votantes elevaron un cuarto de centavo (0.25%) al impuesto a las ventas en todo el estado, poniendo más peso a los compradores en Los Ángeles.

Así lo confirma un reporte independiente de la firma Beacon Economics que concluye que la Ciudad perdería muchos clientes en áreas cercanas a otras metrópolis con tasas tributarias más bajas. Por ello, los ingresos adicionales a las arcas municipales podrían variar por unos 7 millones de dólares.

Pero el concejal Tom LaBonge advirtió que, debido a las pésimas condiciones de las calles y los servicios municipales cada vez más reducidos, los angelinos no sólo irían a otros lugares a comprar, sino a vivir. “A la gente no le gusta la palabra impuesto, pero se trata de una inversión”, recalcó.

Los concejales optaron por garantizar la aprobación de la iniciativa, que sólo necesitará recibir más del 50% de los votos, al no especificar en qué se invertirán los fondos obtenidos, algo que habría requerido dos terceras partes de los sufragios. Bajo este esquema recién fue derrotada la Medida J, que pedía extender por 30 años más los impuestos a las ventas para acelerar proyectos de transporte.

En una carta enviada a los concejales, el alcalde Villaraigosa dejó en claro que esta alza no es la solución definitiva a los problemas financieros de Los Ángeles y les pidió seguir considerando recortes nominales, la consolidación de agencias, la participación de la iniciativa privada y dejar fondos en reserva.

“Si vamos a pedir a la gente de Los Ángeles que vote para elevar los impuestos, debemos continuar reduciendo el gasto, estimular la creación de empleos, proteger la seguridad pública y mantener la disciplina fiscal”, señaló el funcionario.

Villaraigosa no ha revelado si apoya el proyecto de ley, pero indicó que podría evitar el despido de 500 agentes de la Policía, compartiendo una estimación hecha por el jefe de la corporación, Charlie Beck.

El aumento del gravamen recibió un fuerte respaldo tras bambalinas de la industria local de bienes raíces, que lo presentó como una alternativa para no subir impuestos por transferencia de títulos de propiedad. Ésta y las propuestas de elevar el gravamen por ocupación en lotes de estacionamiento y por parcela, fueron enviadas de regreso a los comités del Cabildo.

Aún cuando los electores acepten pagar al gobierno el 9.5% por cada producto que compren, esto sólo dará cierto alivio a la agonía fiscal del Ayuntamiento, dijo Herb Wesson, presidente del Cabildo y autor de la iniciativa. “Nos da la oportunidad de tomar un respiro y de pensar cómo vamos a proceder”, dijo.

“Si tenemos éxito en esto, imaginen qué, todavía tendremos que tomar decisiones difíciles”, agregó.

Ayer, los ediles no quisieron dar otro paso complicado, posponiendo la salida forzada de 50 abogados de la Procuraduría Municipal, y de otros 209 empleados en distintas agencias. “Quiero ver si podemos salvar algunos de esos puestos, sino es que todos”, dijo el concejal Richard Alarcón.