Los mandan a una trampa
Una clínica de rehabilitación de adictos del Estado de México envía a jóvenes pacientes por una ruta que dominan sicarios controlados por los Zetas
Familiares de desaparecidos en una manifestación en la ciudad mexicana de Monterrey. Mexico. Crédito: Archivo/
COACALCO, México.— Nancy Rosete avanza a paso acelerado rumbo a la calle donde se encuentra la clínica de rehabilitación privada donde vio por última vez a su hijo Elvis Axxel Torres, antes de que el dueño enviara al muchacho y dos compañeros al estado de Tamaulipas por la ruta que comprende la región de sicarios controlados por los Zetas.
Ella es la única persona de las tres familias que aún se atreve a rondar por Congreso de Anahuac 89, un rincón de este municipio conurbado a la capital mexicana, donde hasta hace poco operaba la clínica Nueva Era, que actualmente es investigada por presunta trata de personas.
Nancy traga saliva, su mirada se entristece. “Sabemos que por la región donde se extraviaron, los cárteles hacen reclutamiento forzado”.
La organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec) documentó en los últimos cinco años la desaparición de 50 personas en la carretera Monterrey-Reynosa que divide los estados de Nuevo León y Tamaulipas justo donde se perdió la comunicación con los jóvenes de la clínica del Estado de México.
Fundec cuenta con testimonios integrados a averiguaciones previas de que los suyos fueron reclutados para trabajar como ingenieros en telecomunicaciones, arquitectos, contadores, químicos, sembradores de marihuana o sicarios cuando son jóvenes sin profesión.
“Sabemos por gente que ha podido escapar que en esos pocos kilómetros del norte de México es donde se los llevan… calculamos que son miles y hemos exigido atención en esa zona, pero algo pasa que sigue sin vigilancia”, resume Yolanda Morán, miembro de Fundec.
Tras el escándalo de las desapariciones, la clínica Nueva Era cerró sus puertas y abrió unos pasos más al sur otro centro que cambió al nombre de Amor a la Vida, en un aparente artilugio legal para seguir operando y a la que es imposible acceder: la información está vedada.
“Fernando no está, ya no viene, no sabemos”, dice un joven detrás de la puerta desde la que se vislumbra un pasillo iluminado con luces rojas y blancas. Un par de muchachos entran con tortillas en la mano.
Fernando Sandoval es el dueño, el gerente y la misma persona que la noche del 30 de diciembre de 2010 llamó a los padres de los tres desaparecidos para decirles a rajatabla que necesitaba dinero para buscar a los chicos que había enviado por otro paciente a Matamoros, Tamaulipas, en una camioneta Ford Explorer y con alrededor de 120 dólares para gastos.
A Nancy se le enrojecen los ojos de ira: “jamás pidió autorización de las familias para sacarlos de ahí, ellos eran pacientes, no sus empleados, por salud mental no quiero imaginar lo que hicieron con ellos”.
