Maricopa justifica duro trato legal a inmigrantes

PHOENIX (AP) — Las autoridades judiciales de uno de los condados estadounidenses más drásticos sobre la inmigración no autorizada, presentan acusaciones desmedidas contra los inmigrantes irregulares, lo que los deja en prisión varios meses hasta que los casos van a juicio, en una táctica considerada injusta por defensores de los derechos civiles.

El principal abogado del condado de Maricopa, Bill Montgomery, reveló el viernes que ese agresivo instrumento judicial ha permitido reducir la carga en el expediente sobre el robo de identidad y aseguró que ese mecanismo es acorde con la ley del estado de Arizona.

Montgomery hizo las declaraciones para salir al paso de las versiones de que su despacho ha presentado acusaciones excesivas contra inmigrantes con documentos de identidad falsos, mientras que prácticamente exonera a estudiantes universitarios que incurren en el mismo delito de llevar identificaciones apócrifas.

Según la legislación estatal, los inmigrantes sin permiso para estar en Estados Unidos que son encontrados con identificaciones falsas, pueden ser acusados de los delitos graves de falsificación e identidad falsa, que les quitan el derecho a fianza. Los inmigrantes irregulares que son hallados culpables de cargos serios son entregados a las autoridades federales de inmigración una vez que el caso penal es resuelto. Las declaraciones de culpabilidad sobre delitos graves pueden volver casi imposible que una persona pueda obtener una situación legal en Estados Unidos.

Varios activistas en defensa de los inmigrantes calificaron de injusto presentar delitos graves contra los inmigrantes que trabajan, al tiempo que a los estudiantes universitarios encontrados con identificaciones falsas en bares son raras veces acusados.

Las acusaciones contra los inmigrantes irregulares son una “aplicación desmesurada de la ley”, señaló el viernes el abogado Antonio Bustamante, durante una conferencia de prensa organizada por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos frente a la Corte Superior.

Los activistas solicitaron penas menos severas al afirmar que las detenciones pueden resultar en varios meses de prisión cumplida.

“Justicia equitativa es todo lo que estamos pidiendo”, manifestó el abogado David Cutrer, quien recientemente representó a un hombre acusado de robo de identidad y falsificación luego de ser aprehendido en una redada en su lugar de trabajo. El almacenista, de 72 años, pasó seis meses en la cárcel en espera del juicio, afirmó Cutrer. Más tarde, dijo, fue encontrado inocente.

Montgomery organizó rápidamente su rueda de prensa para defender a su despacho. Negó que su oficina haya intentado aplicar acusaciones graves para que los inmigrantes fueran entregados a las autoridades federales y luego deportados.

“Nos enfocamos en conductas”, dijo Montgomery. “No nos enfocamos en personas”, agregó el abogado del condado donde opera el alguacil Joe Arpaio, autoconsiderado “el comisario más duro de Estados Unidos” por sus acciones drásticas sobre los inmigrantes irregulares.

El fraude relacionado con empleos constituye la mayoría de las demandas por robo de identidad en Arizona, por encima de los fraudes a bancos, con tarjetas bancarias y en prestaciones gubernamentales. Desde 2008, las quejas por fraude vinculado al trabajo han disminuido de casi 3,000 casos a poco menos de mil en 2011, de acuerdo con Montgomery.

Arizona ocupó el primer lugar en Estados Unidos en las demandas por robo de identidad en 2008, pero cayó al cuarto sitio en 2011.

Los detenidos por robo de identidad pasan 90 días en la cárcel como promedio, mientras esperan que el caso sea resuelto, indicó Montgomery. En la mayoría de los casos, los sospechosos negocian un acuerdo judicial que reduce la gravedad del delito inicialmente imputado.

Montgomery reconoció que inicialmente no acusa a los inmigrantes del delito menos grave, que les permitiría el derecho a fianza, y dijo que lo hace para disuadir a otros infractores.