Activistas toman Casa Guerrero

En Casa Guerrero de Los Ángeles hay un reloj que paró su marcha a las 8:12, como detenidos están todos los servicios de esa oficina del gobierno guerrerense: la repatriación de restos, la entrega de actas de nacimiento y cartas de identidad, y las clases de alfabetización.

Desde hace una semana no se puede hacer un sólo trámite porque la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero no envió fondos para pagar el alquiler del local, en Long Beach, y el internet.

La llave se cerró desde que Wilber Galán fue notificado vía telefónica que dejaba de ser el titular de la institución que fundó durante el mandato de Zeferino Torreblanca.

En su lugar se ha nombrado a un interino, un funcionario de la Secretaría de los Migrantes que los líderes guerrerenses jamás han visto en Los Ángeles.

Por eso ayer, armados con carteles y un altavoz, los activistas tomaron las instalaciones de Casa Guerrero por unas horas.

“Ya nos impusieron a [el presidente de México, Enrique] Peña Nieto, no queremos más imposición”, gritaba afuera del local Aniceto Polanco, dirigente del club Unidos por Copala.

Las organizaciones de oriundos han pedido al gobernador Aguirre que se les dé voz en la designación del siguiente director del organismo y no tener a un burócrata de Chilpancingo que sólo aspire al cargo de diputado migrante, una figura que sería creada en unos años.

“Necesitamos a alguien que conozca lo que sufren los inmigrantes en Estados Unidos”, comentó Carlos Epífar, un líder de Tlapehuala. “Nosotros debemos nombrar a nuestros representantes”, agregó.

En medio de la polémica han sido afectados jóvenes guerrerenses que califican para la Acción Diferida (la política migratoria que otorga permisos de trabajo a estudiantes indocumentados) y aquellos con trámites migratorios en curso. Galán calcula que se ha negado el servicio a unas 25 personas.

“Los funcionarios estamos de paso, pero sale más impactada la comunidad”, comentó.

Las respuestas que este viernes dieron los representantes del gobierno guerrerense, quienes vinieron a Los Ángeles a recibir las instalaciones, no convencieron del todo a los dirigentes comunitarios.

Amalia Morales, subsecretaria de la oficina de los Migrantes, indicó que los recursos no se enviaron porque ello pasa en todos los procesos de entrega-recepción de México, pero Galán le explicó que en este país aplican otros procedimientos y alertó que la casa está a punto de ser cerrada.

Morales también resaltó que la salida de Galán significa el cierre de un ciclo y, casi obligada por los reclamos, se comprometió a tomar juramento al nuevo director de Casa Guerrero si este sábado era elegido por consenso. “Se quiere escuchar la voz de cada uno de ustedes”, afirmó.

La reunión se acaloró cuando ella les sugirió crear otra oficina si no estaban de acuerdo con los planes del gobierno de Aguirre. Los activistas le respondieron que en ese caso debía cerrar su oficina.

“Si no nos ayudan para qué los queremos”, exclamó Guadalupe Polanco, originaria de Copala.

En el área de Los Ángeles viven alrededor de 30,000 guerrerenses.