Expresidente Alfonso Portillo es extraditado a NY
Será juzgado por el delito de conspiración para el lavado de $70 millones en el sistema financiero de Guatemala
Guatemala – El expresidente Alfonso Portillo (2000-2004) perdió su última batalla con la justicia de Guatemala, que hoy lo entregó en extradición a Estados Unidos, donde será juzgado por el delito de conspiración para el lavado de 70 millones de dólares en el sistema financiero de ese país.
Aquejado de una arritmia cardiaca y con agua en un pulmón, este abogado y notario de 61 años de edad, se convirtió en el primer exjefe de Estado guatemalteco en ser entregado a la justicia estadounidense.
Portillo fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad desde el Centro Médico Militar hasta las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemala (FAG), donde abordó una aeronave que lo traslada hacia Nueva York.
El exmandatario se despidió con un “hasta pronto Guatemala” y denunció ser víctima de un “secuestro”, pero exhortó a la población que lo respalda a que esté tranquila pese a la ilegalidad que, según él, cometieron las autoridades al extraditarlo.
“El poder judicial se ha prestado al juego, esto es un abuso, un secuestro, es una injusticia”, manifestó el político en declaraciones telefónicas a una radio local.
Portillo aseguró que va tranquilo porque las pruebas que tiene en su contra una corte de Nueva York no son suficientes como para condenarlo.
“Voy con mucha fe, voy a defenderme con todo lo que tengo”, expresó el exgobernante, conocido con el alias de “Pollo Ronco” por su voz raspada.
La aeronave que traslada a Portillo hará una escala en Miami para cargar combustible y luego continuará el viaje a Nueva York.
La extradición del exjefe de Estado fue firmada en noviembre de 2011 por el entonces presidente de Guatemala, Álvaro Colom, luego de ser autorizada por todas las instancias legales, incluida la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo órgano jurídico del país centroamericano.
Originario del departamento oriental de Zacapa, Portillo fue absuelto por los tribunales de justicia de su país que lo juzgaron por la malversación de 120 millones de quetzales ($15 millones) durante su administración.
El 7 de octubre de 2008 fue extraditado de México a Guatemala que lo reclamó por peculado, y pese a su absolución de ese delito, no pudo salir de prisión luego de ser detenido el 26 de enero de 2010 cuando escapaba por las costas del Caribe de su país al conocer una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos.
Según el reclamo de una corte de Nueva York, Portillo habría utilizado el sistema financiero de Estados Unidos para lavar al menos 70 millones de dólares.
Uno de los principales amigos del exmandatario, el empresario Mario Estrada, calificó de “ilegal” la extradición.
“Aquí en Guatemala se terminó la lucha pero hay que seguirla en Estados Unidos. Esperamos que se respete el derecho a la vida y que a Alfonso Portillo lo podamos tener de regreso”, dijo.
El pasado 15 de mayo, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala rechazó “por improcedente” el último recurso legal de Portillo, por medio del cual sus abogados defensores pretendían detener su extradición.
A última hora sus defensores también presentaron hoy un Hábeas Corpus para evitar su entrega a EE.UU., pero ya no fue conocido por los tribunales.
Mediante un comunicado la embajada estadounidense en Guatemala elogió a las autoridades del país centroamericano por la extradición de Portillo y señaló que ha sido “una decisión importante” que reafirma el Estado de Derecho y el debido proceso en esa nación.
Portillo llegó a la primera magistratura del país el 14 de enero de 2000 para un periodo de cuatro años, bajo la sombra del partido derechista del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), fundado por el general golpista José Efraín Ríos Montt.
Este anciano militar de 86 años, es juzgado por la justicia de su país por delitos de genocidio y deberes contra la humanidad perpetrados por el ejército durante su régimen de facto entre 1982 y 1983.
El 10 de mayo pasado, un alto tribunal lo condenó a 80 años de prisión, pero la sentencia fue anulada diez días después por la Corte Constitucional debido a errores cometidos durante el proceso.