NSA también investigó a titulares de ‘Green Card’
La Agencia de Seguridad Nacional se involucró en llamadas y correos electrónicos que nada tienen que ver con objetivos e intereses de EEUU
La Agencia de Seguridad Nacional ha violado las normas de privacidad o sobrepasado sus facultades legales miles de veces cada año desde que el Congreso estadounidense otorgó a las agencias de amplios poderes en 2008, reportó The Washington Post.
La mayor parte de las infracciones implican la vigilancia no autorizada a estadounidenses u objetivos extranjeros en Estados Unidos, ambas prácticas restringidas por la ley y una orden ejecutiva.
Van desde violaciones importantes a la ley hasta errores tipográficos que dieron lugar a la intercepción accidental de correos electrónicos y llamadas telefónicas, agregó el Post el jueves, citando una auditoría interna y otros documentos secretos que le facilitó Edward Snowden, un ex analista de inteligencia que reveló la existencia de programas de espionaje. En uno de los documentos, personal de la agencia, NSA por sus siglas en inglés, recibe la instrucción de eliminar detalles y sustituir un lenguaje más genérico en los informes al Departamento de Justicia y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.
El Post citó un ejemplo de 2008 de la intercepción de un “gran número” de llamadas realizadas desde Washington, cuando un error de programación confundió el código de área 202 por el 20, el código internacional de llamadas para Egipto.
En otro caso, el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, que tiene autoridad sobre algunas operaciones de la NSA, se enteró de un nuevo método de recolección de datos hasta que llevaba meses funcionando. El tribunal dictaminó que era inconstitucional.
La auditoría NSA obtenida por el Post fechada en mayo de 2012, contó 2,776 incidentes en los últimos 12 meses de recolección no autorizada, almacenamiento, acceso o distribución de las comunicaciones protegidas legalmente. La mayoría fueron involuntarios.
Los incidentes más graves incluyen la violación de una orden judicial y el uso no autorizado de datos sobre más de 3.000 estadounidenses y titulares de la tarjeta de ciudadanía (green card).