A 40 años del golpe

Senadora Isabel Allende abogó por la reconciliación entre los chilenos

Dos mujeres transportan una replica del Palacio de La Moneda tras el ataque aéreo de 1973, cuando el derrocamiento de Allende.

Dos mujeres transportan una replica del Palacio de La Moneda tras el ataque aéreo de 1973, cuando el derrocamiento de Allende. Crédito: EFE

SANTIAGO, Chile.— Frente a la estatua de su padre derrocado hace 40 años, la senadora Isabel Allende abogó ayer miércoles para que la verdad y la justicia permitan la reconciliación entre los chilenos, distanciados desde la sublevación militar que en 1973 dio paso a una dictadura que asesinó, desapareció y torturó a miles de izquierdistas.

Salvador Allende, que llegó al poder con la ilusión de alcanzar el socialismo mediante la vía pacífica, prefirió suicidarse con el fusil que le regaló su amigo el gobernante Fidel Castro, para no caer en manos de los golpistas.

“Nos enseñó un camino, un camino que era necesario y posible, un camino de profundos cambios sociales en democracia, pluralismo y libertad”, dijo la senadora a los pies de la estatua de su padre.

Acompañada de su hermana Carmen Paz y sus sobrinos Alejandro y Amaya afirmó que “sólo la verdad y la justicia nos va a permitir reencontrarnos como país, con los valores éticos, con los valores de nunca más romper la democracia, nunca más un golpe de estado, nunca más quebrar el orden institucional”.

También opinó que su padre habría estado orgulloso al ver a los decenas de miles de estudiantes que luchan pacíficamente por obtener una educación gratuita y de calidad, por el medio ambiente, por la igualdad y en rechazo a la discriminación.

Al término de su discurso, a través de los altoparlantes se escuchó el último mensaje de Allende, que en una de sus partes dice: “Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo”, momento en que Amaya no pudo contener las lágrimas y debió limpiarse la cara con la mano varias veces.

Los homenajes a Allende se iniciaron temprano, con una ceremonia ecuménica a la que asistieron autoridades de Gobierno y representantes de las Fuerzas Armadas.

Decenas de personas acudieron a dejar flores a los pies de la estatua del mandatario, que se levanta en la esquina suroriental de la plaza de la Constitución, a metros del palacio, justo frente al lugar donde cuatro décadas atrás se ubicaban las oficinas de la presidencia.

“Llegó la hora de la reconciliación entre todos los chilenos”, dijo el presidente Sebastián Piñera una vez concluida la ceremonia ecuménica, petición que viene repitiendo hace varios días.

Agregó a la prensa que “no tenemos derecho como generación a traspasar a nuestros hijos y nietos los mismos odios y las mismas querellas que dividieron y tanto dolor causaron”, aunque admitió que “sin verdad y sin justicia toda reconciliación se reconstruye no sobre roca sino sobre arena”.

La candidata presidencial izquierdista Michelle Bachelet, quien según coinciden las encuestas tiene las mayores posibilidades de imponerse en los comicios presidenciales del 17 de noviembre, también ha insistido en la necesidad de verdad y justicia.

La dictadura de 16 años y medio dejó un saldo oficial de 40,018 víctimas, 3,095 asesinadas por agentes represivos. De los muertos, aún están desaparecidos un millar que fueron lanzados a fosas clandestinas, dinamitados o arrojados al mar.

A 23 años de recuperada la democracia, en 1990, solo se ha procesado a 263 sujetos, que se encuentran ya sea en etapa de condena, en apelación o procesado, de los cuales no más de 70 están viviendo cómodamente en dos cárceles construidas especialmente para violadores de los derechos humanos.

Al anochecer hubo algunos incidentes menores en la periferia de la ciudad, donde vándalos quemaron tres vehículos particulares y un autobús del transporte público, y dispararon contra una comisaría. La policía informó de 68 detenidos hasta el mediodía.

Pinochet murió estando bajo arresto domiciliario, y nunca fue procesado por enriquecimiento ilícito, ya que se le descubrió una fortuna secreta en el extranjero, de la cual 17 millones de dólares no tenían justificación alguna ni por causas de violaciones a los derechos humanos.

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