¿Y la política de drogas?

Sociedad

Hace una década, fuera de algunos académicos aislados, y alguna publicación ultraliberal, prácticamente nadie cuestionaba el modelo de política adoptado al final de la década de 1960, basado en la prohibición del comercio y del consumo de una serie de sustancias clasificadas como peligrosas, y de la persecución por parte de los Estados de la producción y el tráfico para reducir la oferta, y con ello desincentivar su uso.

Con diferentes intensidades y estrategias variables, este modelo llevó a que países como Colombia o México destinaran recursos ingentes —propios y proporcionados por los Estados Unidos— para combatir a los cárteles, con resultados desiguales que, en cualquier caso, han tenido enormes consecuencias sobre las sociedades, y han producido un aumento sustancial de la violencia en sus territorios.

A pesar de que el combate a la oferta, con su correlato de aumento de precios de las sustancias y de riesgos para los consumidores, no tuvo los efectos calculados sobre la demanda de sustancias, al tiempo que producía efectos colaterales negativos, el modelo siguió siendo defendido por los actores relevantes, incluso en los países más afectados por sus consecuencias negativas. Si bien algunos países europeos —España, Italia, Portugal, los Países Bajos— se han movido gradualmente desde hace algún tiempo, hacia estrategias liberalizadoras, y han optado por despenalizar el consumo, y por no centrar sus estrategias en la persecución implacable del pequeño tráfico, mientras echan a andar programas de reducción de daño enfocados a las drogas más “duras”, y mantienen la persecución del gran tráfico, las estrategias más audaces, como las de los Países Bajos y sus coffee shops, no legales pero tolerados, han sido vistas desde América Latina como excentricidades de países ricos, imposibles de adecuarse a las condiciones sociales de la región, y prácticamente todos los gobiernos, con independencia de su signo ideológico, mantuvieron hasta hace muy poco un fuerte consenso en torno a la estrategia prohibicionista.

Sin embargo, en los últimos cinco años ha comenzado un viraje notable que vislumbra un cambio cercano respecto a la política de drogas en el hemisferio occidental. Los desastres de la guerra en México, como antes los ocurridos en Colombia, han conducido a que actores políticos y académicos se hayan pronunciado por abandonar la estrategia prohibicionista y por abrir la discusión sobre un nuevo modelo de regulación más liberal, que ponga el foco en los temas de salud vinculados al consumo de sustancias, y deje de poner el acento en la persecución policíaca de la oferta.

Uno de los grupos que más seriamente se ha puesto a estudiar el tema del cambio regulatorio y de políticas públicas respecto a las drogas hoy ilícitas, es el Colectivo de Estudios Drogas y Derechos, asociado el Programa de Política de Drogas del CIDE en su sede de Aguascalientes.

Si bien la oportunidad de cambio se ha abierto —no sólo por las consecuencias evidentemente catastróficas del modelo actual sobre sociedades como la mexicana, sino por el cambio político y de percepción en los Estados Unidos y Canadá, donde los gobernantes saben que no pueden esperar mucho más de la política de restricción de la oferta y se han movido, en Canadá antes y en EEUU desde la llegada de Obama a la presidencia, hacia un enfoque de reducción de la demanda por medio de programas sanitarios y de prevención— el hecho es que no se ha construido un consenso en torno hacia dónde se deben mover las estrategias estatales y más bien han surgido iniciativas locales, como la del Uruguay de avanzar hacia la legalización plena de la marihuana, mientras que el Gobierno central de Estados Unidos acepta los procesos locales de despenalización y legalización.

El problema central de la política de drogas que remplace al paradigma prohibicionista, es que no se han terminado de establecer con claridad sus objetivos. En México, muchos de los defensores actuales de cambios liberalizadores han apostado a que con ello se va a lograr una reducción importante de la violencia que hoy azota al país.

El cambio en la política de drogas debe promoverse no sólo como un asunto de política de seguridad, sino, sobre todo —y en ello coincide el reporte de la OEA— como un tema de política de salud. La prohibición de las drogas tiene que ser sustituida por procesos de regulación que pongan en el centro la reducción de los riesgos y daños asociados al consumo. Si bien parece haber avanzado la idea de que la política de drogas debe cambiar, el reto es enorme.