Ejecución no es punto final

HOUSTON, Tx.— A las 9:32 p.m. un silencio rotundo invadió al público congregado en las afueras de la Unidad de las Paredes en la cárcel de Huntsville.

Quince minutos antes, el mexicano Edgar Tamayo Arias había recibido la inyección letal, a pesar de las súplicas, la presión diplomática del Gobierno mexicano y del Departamento de Estado y una apelación presentada a última hora ante la Corte Suprema.

La ejecución de Tamayo, más que un cierre, es un nuevo caso en los polémicos procesos de la pena capital para las personas envueltas en el caso “Avena”, quienes no recibieron asistencia consular al momento de ser juzgados.

Actualmente son 267 personas esperando la pena de muerte en Texas, entre ellos 78 hispanos y la siguiente ejecución de un latino se realizará el 9 de abril, cuando sea Ramiro Hernández, quien enfrente la justicia del estado sureño.

Pero la muerte de Tamayo, además, representa el tiunfo del estado de Texas sobre los convenios internacionales con relación al juzgamiento de personas nacidas fuera de los EEUU y a la asistencia legal a la que tienen derecho.

Tamayo tenía 46 años y desde los 26 había ingresado al sistema carcelario de Texas, tras la muerte del policía Guy Gaddis ocurrida la noche del 31 de enero de 1994.

“Edgar es inocente, inocente, inocente”, dijo su tía Margarita Tamayo a las afueras de la prisión de Huntsville, mientras esperaban el fallo de la Corte Suprema que a último minuto aceptó revisar el caso, pero se negó a suspender la ejecución. Ninguno de sus familiares estuvo con él en sus momentos finales.

Durante la mañana de ayer Tamayo se había reunido por última vez con su familia, entre ellos sus padres y dos hijas. Cada paso de sus últimas horas de vida fue grabado, desde sus cortes de pelo hasta sus duchas.

Sus familiares esperaron un milagro hasta último minuto, pero él parecía más entregado a su destino. Incluso declinó dar sus últimas palabras. De acuerdo al vocero de la cárcel de Huntsville, Jason Clark, Tamayo dijo que “estaba listo” que “20 años ya era demasiada espera”.

Mientras familiares y personas que llegaron a dar su apoyo a Tamayo cantaban y rezaban un grupo de policías comenzó a dar vueltas por la cárcel de Huntsville, haciendo sonar intensamente sus motores primero en señal de protesta por el retraso en la ejecución y después celebrando el fallo de la Corte.

Entre los familiares del oficial Guy Gaddis que estuvieron presentes en la ejecución se encontraba su madre Gayle, sus hermanos Russell y Gary, entre otros. En total 31 personas fueron testigos.

El policía James Koteras que trabajó con Gaddis dijo: “Fue un oficial brillante y un muy buen hombre. Una excelente persona, siempre con una sonrisa en su cara, siempre feliz, bueno para contar chistes”, recordó.

“Es un momento demasiado difícil para todos”. dijo visiblemente afectada Grace Tamayo, otra tía del acusado, quien esperaba también el desenlace.

Los abogados de Tamayo y el Gobierno mexicano alegaron que su caso no se desarrolló debidamente porque no le informaron, según indica un acuerdo internacional, que podía recibir asistencia jurídica de su país.

La asistencia legal garantizada bajo el acuerdo podría haber revelado evidencia para evitar la pena capital por homicidio o proporcionado evidencia para evitar su ejecución, según funcionarios mexicanos. Los registros muestran que el consulado mexicano se enteró del caso hasta que el juicio estaba a punto de comenzar.

Los abogados de Tamayo recurrieron a la Corte Suprema después que la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito consideró que una apelación según la cual Tamayo era mentalmente deficiente y por lo tanto no cumplía los criterios para ser ejecutado fue presentada demasiado tarde.

La Junta de Perdón y Libertad Condicional de Texas rechazó el martes el pedido de clemencia de Tamayo.

Tamayo estaba entre más de 40 ciudadanos mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda, falló en 2004 que no les habían informado debidamente de sus derechos consulares. La Corte Suprema indicó posteriormente que audiencias solicitadas por la Corte Internacional sobre los casos de esos reos sólo eran obligatorias si el Congreso emitía una ley al respecto.

“Desafortunadamente, esa ley nunca se aprobó”, reconoció la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.