ICE crea confusión

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Ya es harto conocida la inconsistencia del Departamento de Seguridad en cuanto a la instrumentación de normas por parte de la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE), creando ahora una confusión que lleva a la deportación de individuos en una clara contradicción de los anuncios hechos en Washington, D. C.

Hace más de un mes las autoridades migratorias fueron reconocidas por anunciar un cambio importante de procedimiento por partes de los agentes de ICE en el condado de Kern. En ese momento se informó la eliminación de la práctica de arrestar indocumentados —para deportarlos— cuando van a los juzgados condales para realizar algún trámite, sea tanto como para contraer matrimonio o pagar una multa.

Ahora resulta, según la denuncia de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU), que continúan las detenciones de indocumentados, como en los casos de Rodrigo Arenas y Luciano Sandoval. Ambos fueron a pagar a la corte una multa, dos días después fueron detenidos en sus hogares. Según Sandoval uno de los agentes de migración le dijo que fue identificado al pagar la multa.

La estrategia de ICE usada en estos dos casos va en contra del espíritu de la nueva decisión. También atenta a la seguridad pública porque estas acciones refuerzan el temor de los indocumentados de entrar en contacto con las autoridades, incluso para pagar una multa.

Este hecho hace recordar la gran confusión dentro del Departamento de Seguridad Interna a la hora de implementar el programa de Comunidades Seguras. Allí los agentes de ICE aprovecharon cada oportunidad para detener a todo indocumentado que se les cruce sin importar el hecho de que sea peligroso o no. Mientras en Washington se discutían interpretaciones del programa, ICE actuaba implacablemente .

En este caso, ICE nuevamente actúa como si fuera una fuerza policial fuera de control. Es hora de que los agentes, cuyo sindicato demanda a la Administración Obama por no dejarlos deportar más gente, se ajusten a las normas y comprendan que su celo excesivo, lejos de ayudar, perjudica la seguridad pública, socavando la credibilidad de las autoridades dentro de la comunidad inmigrante.

El Departamento de Seguridad Interna debe a todos una aclaración.