Baja California busca brindar protección a migrantes

La Ley de Protección al Migrante brindaría servicios de salud y educación a personas no nacidas en el estado fronterizo o México que intentan cruzar a EEUU y al no lograrlo se quedan
Baja California busca brindar protección a migrantes
La ley obligaría al gobierno estatal a promover servicios sociales.

MÉXICO.- Diecisiete de cada 100 migrantes mexicanos y extranjeros que pretenden cruzar a Estados Unidos se quedan cada año de manera temporal o permanente en el fronterizo Baja California. Esto representa una población fluctuante de 150,000 personas al año que hasta la fecha carece de una protección directa.

Para darles atención, el legislativo local inició esta semana la discusión sobre una iniciativa de Ley de Protección al Migrante que brindaría a las personas que nacieron fuera del territorio los mismos servicios de salud y educación independientemente de su condición migratoria.

Después del estado de Chiapas, sería el segundo estado en armonizar sus reglamentos a la Ley de Migración federal, modificada en 2011 para garantizar los derechos humanos y evitar la criminalización. En el caso del Distrito Federal, el gobierno declaró ese mismo año a la entidad como “santuario migrante”, o sea, que ningún indocumentado puede ser detenido por las autoridades locales en la zona.

“En Baja California queremos coadyuvar en la protección”, dijo el diputado René Mendívil, presidente de la mesa directiva del Congreso de Baja California en la exposición de motivos.

El proyecto pretende obligar al gobierno del estado y a los alcaldes a promover servicios de asistencia social, prestar servicios de asesoría legal, alimentación y apoyo humanitario y promover y fomentar la operación de albergues o establecimientos públicos y privados.

Además impedir que los jueces u oficiales del Registro Civil nieguen a los migrantes, independientemente de su condición migratoria, sus derechos de solicitar actos civiles como registros de nacimiento para sus hijos nacidos en el estado, actas de matrimonio o muerte de familiares.

“En casos especiales” también se obligaría a la entidad a cubrir el pago de transporte y gastos funerarios.