Las condenas injustas

Se estima que la población penitenciaria nacional creció 800% en los pasados 30 años debido a la severidad de los castigos aplicados entonces a los delitos relacionados con drogas. Las propuestas para corregir hoy el impacto de estas condenas son necesarias para reducir el gasto que representa una sobrepoblación de presos, como para remediar la injusticia que representó las aplicaciones de las leyes.

Nos referimos a las legislaciones aprobadas en la década de los 80 en respuesta a la ola de venta de cocaína y crack, que imponían condenas obligatorias quitándole a los jueces la discreción de considerar caso por caso a la hora del castigo. Estas leyes fueron tan inadecuadas que establecían un racismo penal al imponer un mínimo de cinco años de prisión obligatoria en los casos de crack —que afectaba principalmente a los afroamericanos, mientras que las penas no eran tan severas en los casos de simple cocaína.

En el 2010 se corrigió esta injusticia con la Ley de Condenas Justas y, aprovechando que los tiempos han cambiado —ya no existe el clamor de mano dura de antes—, el Departamento de Justicia comenzó a estudiar alternativas como el recientemente anunciado programa de clemencia.

En específico, los elegibles para el programa no deben tener historial de violencia, ni lazos con grupos criminales ni pandillas, no haber tenido problemas en prisión, haber cumplido 10 años de condena por un delito que hoy recibiría un castigo mucho menor.

En el Senado también hay proyectos de ley —con respaldo republicano— para reducir, por ejemplo, a la mitad las condenas obligatorias en los delitos de drogas sin violencia.

La severidad en los delitos de drogas afectaron desproporcionalmente a miles de latinos y afroamericanos que ahora tendrán la oportunidad de obtener su libertad. Ellos nunca debieron recibir esas condenas en nombre de la justicia, esa misma que, en su nombre, hoy tendrán la oportunidad de salir de su encierro.