Más condados rechazan colaborar con ICE

Varios condados en Colorado, Washington y Oregon dejan de mantener detenidos a indocumentados para colaborar con ICE

DENVER, Colorado.- Recientes decisiones judiciales sobre la práctica de Inmigración de mantener detenidos a presuntos indocumentados llevaron a varios condados del país a dejar de colaborar con las autoridades migratorias e incluso ya no arrestan a estos inmigrantes si no han cometido ningún delito.

El cambio en la actitud de los alguaciles de varios condados de Colorado, Washington y Oregón llega después de que la justicia determinase que las autoridades locales no están obligadas a cumplir con las “órdenes de detención” del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Los fallos judiciales, dados a conocer el pasado 14 de abril, se aplican a casos en Oregon y Pennsylvania y confirman que la policía o los alguaciles locales podrían infringir los derechos constitucionales de los presuntos indocumentados si, por cumplir con el pedido de ICE, los mantienen detenidos a pesar de que esas personas ya podrían estar en libertad.

Por eso, el pasado 2 de mayo, cuando la Patrulla de Caminos de Colorado (CSP) detuvo a un “vehículo sospechoso” y encontró a once indocumentados de origen mexicano, en vez de arrestarlos, los mismos patrulleros los llevaron hasta el Centro de los Pobres (en la ciudad de Avondale) para que se los asistiese.

En cambio, el conductor del vehículo, Dagoberto Avila, de 45 años y residente en Rosenburg (Texas), sigue detenido en la cárcel del condado de Fremont para responder a once cargos de contrabando humano, indicó CSP en un comunicado.

Los últimos reveses para ICE llegaron del estado de Colorado, donde los condados de Pueblo, Denver, Boulder, Jefferson, Grand, Mesa, Routt y San Miguel anunciaron recientemente que no atenderán el pedido de ICE de mantener detenidos a presuntos indocumentados si esas personas ya pueden quedar en libertad según las leyes estatales y locales.

Otro condado, el de Adams, que incluye numerosos suburbios al norte de Denver, indicó que está estudiando adoptar una política similar.

En el estado de Washington, las autoridades de los condados Walla Walla, Kitsap, Thurston y Yakima también anunciaron que ya modificaron su relación con ICE, mientras que en Oregón, 29 condados ya no cumplen con los pedidos de detención de ICE.

Al darse a conocer que Denver ya no respondería a los pedidos de ICE, el concejal Paul López celebró el anuncio como “una victoria para toda la comunidad de abogados defensores de los derechos humanos y de activistas”.

“Debemos crear una política pública basada en el sentido común que no infrinja ni la Constitución de Estados Unidos ni ponga en peligro la seguridad pública al crear el temor de ser deportados entre aquellos que, de otra manera, reportarían crímenes o que ellos mismos fueron víctimas de crímenes”, comentó López.

Por su parte, Mark Silverstein, director de asuntos legales de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Denver explicó que el fallo del mes pasado de la jueza Janice M. Stewart en Portland (Oregón) claramente indica que las órdenes de detención de ICE son “el equivalente legal de pedirle a un alguacil que haga un nuevo arresto”, aunque ese nuevo arresto no tienen bases legales para realizarse.

Por eso, la jueza Stewart dictaminó que las órdenes de detención de ICE contradicen los derechos enumerados en la cuarta enmienda de la Constitución, que protegen a los residentes en este país contra “allanamientos o detenciones sin razón.”

La jueza intervino en el caso de Miranda Olivares, quien, en marzo de 2012, estuvo dos semanas detenida en la cárcel del condado de Clakamas (Oregón) por pedido de ICE, aunque podría haber quedado en libertad en sólo 48 horas.

En recientes declaraciones recogidas por el periódico The Oregonian, el profesor Eliot Young, catedrático de Historia en el Colegio Lewis & Clark (en Portland), calificó a las órdenes de detención de ICE como “irracionales e inconstitucionales” y recalcó que las políticas migratorias también deben cumplir con la ley.

Según Young, aunque los más afectados por las órdenes de detención de ICE son los inmigrantes de color, todos los habitantes del país sufren “cuando se debilita la cuarta enmienda”.

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