El “cruel e inhumano” plan contra familias de estatus migratorio mixto
Vecinos de Los Ángeles y organizaciones de inquilinos demandan al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos
Familias y grupos defensores de inquilinos en Los Ángeles demandaron al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) por una norma que pretende negar subsidios a familias inmigrantes. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia
Natividad, una inmigrante de origen mexicano que ha vivido por más de 20 años en el proyecto de viviendas subsidiadas Pico Gardens en Boyle Heights, podría ser una de las víctimas de la nueva regla que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) aplicaría a familias con estatus migratorio mixto.
“He vivido en una vivienda pública durante muchos años, donde tuve la oportunidad de criar a mis hijos, quienes pudieron llegar a la universidad”, dijo Natividad, miembro de la Unión de Vecinos, un grupo en el que las familias se organizan para luchar contra las injusticias.
Natividad denunció que HUD quiere desalojar a muchas familias que viven en viviendas públicas o subsidiadas por el programa Sección 8.
“Me duele el corazón al pensar en estas familias. ¿Acaso no les importan los ciudadanos, ni los no ciudadanos, que residen en estas viviendas?”, cuestionó. “Este plan es cruel e inhumano”.

La normativa del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos está prevista para que entre en vigor el 14 de diciembre; exige que todos los residentes de viviendas que reciben asistencia del HUD demuestren su ciudadanía estadounidense o un estatus migratorio elegible, y pone fin a la asistencia de alquiler prorrateada de forma permanente para los hogares con estatus migratorio mixto.
Sin embargo, en la demanda que ha sido presentada a nombre de tres familias de Los Ángeles, así como los grupos defensores de los inquilinos People Organized for Westside Renewal (POWER) y Unión de Vecinos, los abogados denunciaron que la regla pone en peligro la vida de miles de niños que son ciudadanos estadounidenses y pretenden bloquearla.
En la querella entablada por la firma legal Kendall Brill & Kelly, Bird Marella y abogados de la organización Public Counsel ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, los demandantes solicitan al tribunal que aplace la fecha de entrada en vigor de la norma y que impida su aplicación en el Distrito Central de California mientras el caso sigue su curso.
La demanda sostiene que la norma infringe la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act), la Ley de Vivienda Justa (Fair Housing Act) y la Constitución de los Estados Unidos, y que contraviene el marco legal establecido por el Congreso para mantener unidas a las familias de estatus migratorio mixto. La demanda solicita al tribunal que declare la norma ilegal y la anule definitivamente.
¿A dónde se supone que deberían ir?
Un ejemplo de las posibles consecuencias devastadoras de la regla es “M.R.”, un ciudadano estadounidense de 26 años. Tiene parálisis cerebral y ha vivido en viviendas públicas desde que tenía 1 año. Su familia lo ayuda con sus necesidades.
“Bajo la nueva norma, no todos pueden establecer un estatus elegible, por lo que su familia perderá la vivienda que han tenido por más de 20 años, o ‘M.R.’ tendrá que separarse de las personas que lo cuidan”, dijo la abogada Ritu Mahajan Estes, directora del Proyecto de Desarrollo Comunitario de Public Counsel.
En otro caso, la demandante “J.L.” tiene 24 años y también es ciudadana estadounidense. Ha vivido en viviendas públicas con su familia durante 15 años. Sus dos hermanos también son ciudadanos, pero sus padres no tienen estatus elegible. Según la normativa de HUD, los cinco perderán su asistencia a menos que la familia se divida.
“¿A dónde se supone que deben ir familias como estas?”, cuestionó la abogada.
Indicó que el condado de Los Ángeles es el epicentro de la crisis de vivienda del país, donde un departamento de dos habitaciones cuesta casi $3,000 al mes.
“Una familia necesita ganar $57 por hora para poder pagarlo, lo cual es más de tres veces el salario mínimo de Los Ángeles, y más de 73,000 personas ya no tienen hogar en este condado. HUD miró todo eso y calificó el efecto de la regla sobre la falta de vivienda de ‘ambiguo’. En Los Ángeles, no hay nada ambiguo al respecto”, añadió Ritu Mahajan Estes.

Entre la espada y la pared
Durante más de 30 años, las familias de estatus migratorio mixto —aquellos hogares en los que al menos un miembro posee la ciudadanía estadounidense o un estatus migratorio elegible, mientras que al menos otro miembro no lo tiene— han podido vivir juntas en viviendas públicas o en unidades del programa de la Sección 8.
La asistencia que reciben se calcula de forma proporcional, de modo que solo se contabilizan los miembros elegibles —a menudo niños ciudadanos estadounidenses— y ninguna persona no elegible recibe ayuda.
La nueva norma pone fin a este enfoque y exige que cada miembro de la familia verifique su estatus de elegibilidad y establece que la asistencia proporcional sea solo temporal. Por consiguiente, las familias que no puedan documentar el estatus migratorio de todos sus miembros perderán la asistencia, a menos que decidan separarse.
Esta norma es el ejemplo más reciente. Convierte la vivienda federal en una herramienta más para expulsar a las familias inmigrantes; al HUD no le importa que, junto con ellas, también sean expulsados niños que son ciudadanos estadounidenses”
“Ninguna familia en Estados Unidos debería verse obligada a elegir entre sus seres queridos y conservar su hogar”, manifestó Kathryn Eidmann, presidenta y directora ejecutiva de Public Counsel, sobre la norma que busca imponer HUD en todo el país.
“Esta norma no ha surgido de la nada. Los habitantes de Los Ángeles han sido testigos de redadas migratorias en nuestros vecindarios: en lavados de autos, en los estacionamientos de Home Depot y en paradas de autobús. Hemos visto tropas desplegadas en nuestras calles. Hemos visto a padres con miedo de ir a trabajar, de llevar a sus hijos a la escuela o de acudir al médico. Y hemos visto a esta administración atacar los programas que permiten que las familias tengan qué comer, gocen de salud y cuenten con un techo donde vivir”, declaró Eidmann.

Más de 79,000 personas en la mira
Aproximadamente 79,300 personas en todo el país viven en familias de estatus migratorio mixto que reciben asistencia del HUD, incluidos cerca de 36,000 niños que cumplen con los requisitos de elegibilidad.
Para 2024, California contaba con el mayor número de hogares de estatus migratorio mixto que reciben asistencia del HUD, lo que representaba el 36 por ciento de este tipo de hogares en el país.
Datos anteriores indican que un segmento desproporcionado de personas en hogares de estatus migratorio mixto se encuentra en Los Ángeles; en su mayoría, se trata de niños ciudadanos que viven con al menos un adulto que no había alegado ser elegible para recibir asistencia federal.
El propio análisis del HUD reveló que, con los niveles de financiamiento actuales, la normativa reduciría el número de hogares atendidos y que mantener el mismo número de personas alojadas requeriría entre $311 y $385 millones de dólares adicionales en fondos asignados por el Congreso.
El HUD también determinó que la normativa pone en riesgo a 36,000 niños actualmente elegibles de perder su vivienda.
Y, aunque el HUD reconoció haber considerado opciones menos perjudiciales, como proteger a las familias que ya residen en sus viviendas o eximir a aquellas con hijos, descartó ambas a pesar de admitir que ante esta situación es probable que las familias con hijos opten por abandonar juntas la vivienda asistida en lugar de separarse.
“Ninguna familia debería tener que elegir entre permanecer unida y conservar un techo bajo el cual vivir. Sin embargo, la normativa del HUD obligaría a las familias de todo el país a tomar precisamente esa decisión, incluidos niños ciudadanos estadounidenses que podrían perder sus hogares debido al estatus migratorio de sus padres. El Congreso no exigió esto; fue una decisión del HUD”, señaló Amanda Mangaser Savage, abogada de litigios estratégicos de Public Counsel.
El impacto negativo se sentirá con especial intensidad en Los Ángeles, donde cerca de 73,000 personas ya se encuentran en situación de calle, según cifras oficiales de la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA).
No firmar nada
Y, mientras la batalla legal sigue su curso, Edith Flores, quien ha vivido por cuatro décadas en Pico Gardens, señala que no ha pensado en un ‘Plan B’ por si llegaran a desalojarla.
“Tengo 70 años. ¿A dónde voy a ir? Tengo dos hijos, uno trabaja y el otro no. Está lastimado y no puede hacer nada… No sé qué hacer”, compartió.
Por lo pronto, la sugerencia de los abogados de Public Counsel, de POWER y Unión de Vecinos a todos los residentes de viviendas públicas o que usan vales de la Sección 8 y están preocupados, es que nada cambia.
“No te mudes, no saques a nadie del contrato de arrendamiento y no firmes nada antes de recibir asesoría legal”, aconsejó la abogada Ritu Mahajan Estes, de Public Counsel.

“Un ataque racista”
Elizabeth Blaney, cofundadora y codirectora de Unión de Vecinos, una red de organización comunitaria de base fundada en 1996 en Boyle Heights, señaló que en el Distrito 14 de la ciudad de Los Ángeles se concentra el 30% de los proyectos de vivienda destinados a residentes de vivienda pública y a beneficiarios del programa Sección 8: Pueblo del Sol, Pico Gardens, Ramona Gardens y Estrada Courts.
Como parte de la demanda en el caso, titulado “People Organized for Westside Renewal (POWER), Union de Vecinos, et al. contra el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD)”, Blaney consideró la medida de HUD sobre las familias con estatus migratorio mixto como “un ataque racista contra los inmigrantes”, y dijo que no lo van a permitir.
“¿Qué beneficio obtiene el HUD al separar a las familias? ¡Ninguno! No beneficia a nadie separar a los hijos de sus padres. Tampoco beneficia a nadie —ni al HUD ni al gobierno federal— dejar a más personas en la calle”
“¿Qué beneficio obtiene el HUD al separar a las familias? ¡Ninguno! No beneficia a nadie separar a los hijos de sus padres. Tampoco beneficia a nadie —ni al HUD ni al gobierno federal— dejar a más personas en la calle. Los residentes de vivienda pública, sin esta asistencia, quedarían a un solo paso de quedarse sin hogar; esto es inaceptable y no lo vamos a tolerar. Los residentes de vivienda pública son personas profundamente arraigadas en su comunidad”, subrayó.
Blaney recordó la lucha de la Unión de Vecinos para evitar la demolición del proyecto de viviendas Pico Gardens, ubicado en el 1526 al este de la Calle Cuatro, y para asegurar los hogares de 300 familias.
Si bien los residentes de Pico Gardens no lograron impedir la demolición del complejo habitacional original en la década de 1990, los organizadores consiguieron una tregua parcial que permitió que unas 250 familias regresaran al lugar tras su reurbanización, evitando así un desplazamiento permanente y total.
“Luchamos contra la demolición de Pico Gardens y logramos asegurar vivienda para 300 familias que, de otro modo, habrían tenido que marcharse”, recordó Blaney. “También luchamos contra la privatización; el HUD ha intentado privatizar y deshacerse de su parque de vivienda pública, pero logramos impedirlo. Hoy, seguimos firmes para garantizar que ni una sola persona sea desalojada o separada de su familia a causa de esta normativa”.