Texas ejecutará primer reo tras problemas en Oklahoma

Austin.- El sistema penitenciario del estado de Texas prevé ejecutar este martes a Robert James Campbell, el primer preso al que se aplicará la inyección letal en Estados Unidos desde que, a finales de abril, una ejecución registrara problemas en Oklahoma y forzara a las autoridades de la cárcel a suspender otra.

El Departamento de Justicia Criminal de Texas tiene previsto llevar a cabo la ejecución a las 18.00 hora local en la prisión de Huntsville, aunque está por ver durante la jornada si tendrá efecto el recurso presentado ante la justicia por los abogados y la súplica librada al gobernador por parte de grupos de activistas.

De momento, un tribunal federal en Houston (Texas) desestimó el pasado viernes la apelación para que la ejecución se suspenda y los abogados, en un nuevo intento, ascendieron el lunes la petición a la Corte de Apelaciones del Circuito Quinto, considerada una de las más conservadoras del país.

El recurso y la petición de aplazamiento piden que Robert Campbell no sea ejecutado hasta que el estado revele qué compañía provee los componentes de la inyección letal, según figura en la documentación remitida a los magistrados.

La abogada Maurie Levin, que lidera la apelación, explicó a Efe por correo electrónico que “Texas ha empezado a seguir el camino del secretismo como Oklahoma hace poco, cuando compró el lote más reciente de fármacos para la inyección letal”.

En Oklahoma, el pasado 29 de abril, una ejecución se alargó cuarenta minutos desde que se inyectó la combinación letal al preso, los funcionarios intentaron parar en vano el ajusticiamiento al detectar las complicaciones y decidieron suspender otra muerte prevista para ese mismo día.

Los fallos coinciden con la tendencia creciente de los estados de no revelar el origen de los fármacos, después de que los tradicionales proveedores europeos hayan cortado el suministro lo que ha provocado el tener que recurrir a nuevas fuentes.

La petición para aplazar la ejecución en Texas, facilitada a Efe, argumenta que los derechos de la Octava enmienda a la Constitución de EEUU solo pueden protegerse “si se provee la información requerida para asegurar que una ejecución no constituya una tortura”.

Además, a última hora del lunes The Arc of the United States, una entidad nacional que defiende los derechos de personas con discapacidad intelectual, libró una carta al gobernador de Texas, el republicano Rick Perry, para que parara la ejecución.

En su caso, la misiva al gobernador y a la Junta de Perdones alega una supuesta discapacidad intelectual en el preso Campbell y pide que se reduzca la condena a muerte a cadena perpetua.

La entidad asegura, en el documento remitido a Perry, que “nuevos informes revelan el diagnóstico a Campbell, por parte de un psicólogo altamente cualificado, de una discapacidad intelectual”.

Una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, la máxima instancia judicial del país, prohibió en 2002 la ejecución de personas con discapacidad intelectual, aunque no definió el término.

Campbell, un afroamericano de 41 años, violó y asesinó en Houston en 1991 a Alexandra Rendon, una mujer de 20 años que fue secuestrada en una gasolinera y llevada a un descampado, según figura en la ficha penitenciaria del condenado.