‘Comunidades Seguras’: el final se acerca (fotos)

El futuro de Comunidades Seguras, un programa federal utilizado por las autoridades migratorias en los últimos cinco años para aprehender a cientos de miles de inmigrantes arrestados por policías locales, luce cada vez más incierto en vista de una creciente rebelión de departamentos locales en su contra y decisiones adversas de tribunales.

Esta misma semana, dos localidades más anunciaron que no cumplirían automáticamente con las órdenes de detención del Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE), los llamados “ICE holds”. Este jueves se unió a la lista Sommerville, Massachussets, y se esperaba pronto un anuncio oficial de parte del condado Johnson, en el estado de Kansas.

Esta última no es una población cualquiera, sino el patio trasero de Kris Kobach, secretario de estado de Kansas y abogado-cerebro tras muchas de las leyes antiinmigrantes que se aprobaron en diversos estados, incluyendo la Ley de Arizona SB1070.

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“El sheriff Denning de Johnson County no es ningún blandengue”, dijo Jonathan Blazer, de la Unión de Libertades Civiles (ACLU). “Esta tendencia se está viendo en más y más localidades, se está regando muy rápidamente a lugares donde ni siquiera hay activismo. Está claro que muchos departamentos locales están dándose cuenta de que este programa no sirve sus necesidades de seguridad pública y que además, los expone a demandas”.

Entre ciudades, condados y algunos estados, ya son casi 70 los que han impuesto severas restricciones al cumplimiento de estas órdenes de ICE. Según Adela de la Torre, del National Immigration Law Center, en estas entidades vive el 45 por ciento de la población inmigrante del país.

“Eso nos indica que las poblaciones con comunidades inmigrantes ya reconocen que este sistema no funciona para la seguridad pública”, dijo De La Torre.

La pasada semana, un grupo de líderes policiales se reunió con el Presidente Barack Obama y el secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson para discutir la reforma migratoria y posibles cambios al programa Comunidades Seguras (Secure Communities, en inglés). Johnson dijo a los policías que se está preparando un relanzamiento del programa para asegurar que la colaboración entre policías locales y el gobierno federal se enfoque en deportar a migrantes que son delincuentes verdaderamente peligrosos.

La mayoría de los grupos activistas que critican al programa pidieron reformarlo a fondo o eliminarlo por completo. Muchas poblaciones están en el proceso de decidir que rechazarán los pedidos de ICE de entregar a los inmigrantes, a menos que éstos vengan acompañados de una orden judicial o que la persona detenida ya haya sido condenada anteriormente por un delito. Y en California esta condición será obligatoria por ley, a partir del 1 de enero, en virtud del “Acta de Confianza”.

Veteranos de guerra no se salvan de las deportaciones.

Este jueves, Charles Femino, jefe de la policía de Somerville (Massachussets) dijo que el programa “ha erigido una pared entre la policía y la comunidad, que tiene miedo de darnos información importante que nos puede servir para combatir la delincuencia”.

Blazer indicó que, como mínimo, ICE debería limitar las órdenes de detención a personas convictas por delitos graves, pero que aún así, las localidades serían siendo vulnerables a demandas judiciales. “Nosotros siempre hemos mantenido que es inconstitucional retener en la cárcel a personas que ya cumplieron sus condenas penales”, dijo el abogado.

Los documentos “ICE hold” no son, en rigor, órdenes judiciales sino una mera solicitud de la agencia migratoria a la policía local para que ésta retenga en su cárcel a un detenido considerado “posiblemente deportable”. Varias decisiones recientes de diversos tribunales han hallado que ciudades y condados pueden ser responsables de violaciones constitucionales si acatan estas solicitudes.