Victoria para la privacidad
La decisión unánime de la Suprema Corte de Justicia de extender a los teléfonos celulares las protecciones del derecho a la privacidad es un importante triunfo para el individuo ante los rápidos cambios tecnológicos.
Este fallo también es una saludable defensa de las garantías individuales, en momentos en que estas se han ido erosionando en nombre de la seguridad pública y la amenaza del terrorismo.
Hasta ayer las consideraciones que recibía un teléfono celular por parte de las autoridades era muy similar al de una billetera con fotografías, el cual podía ser revisado sin mayores problemas y sin necesidad de una orden judicial.
Ya no es así.
El Alto Tribunal, en la decisión escrita por su presidente, John Roberts, explicó que estos teléfonos contienen, en el caso de muchos estadounidenses, “las privacidades de la vida”. El fallo determina con claridad que el hecho que en un teléfono se lleve un caudal inmenso de información privada, no significa que esta información deje de estar protegida constitucionalmente.
Con respecto al argumento de la seguridad pública, el magistrado fue directo al agregar que “la privacidad tiene un costo”. Esto significa que si la Policía quiere acceder a un teléfono necesita una orden de cateo como si quiera hacerlo en una propiedad.
Es natural esta extensión de la Cuarta Enmienda de la Constitución. La información personal acumulada entre el teléfono y la “nube” puede ser mayor a la que se tiene en el hogar.
Roberts reconoció que el celular no es “solo una conveniencia tecnológica” sino que es mucho más que eso en esta época. No es un vehículo de comunicación sino de archivo de información y, como tal, merece protecciones constitucionales. El fallo da finalmente una uniformidad a las normas que las autoridades deben de seguir en medio de una maraña de distintas decisiones estatales.
Esta es una victoria para todos los estadounidenses. Es refrescante que después de tantas leyes y decisiones judiciales restrictivas hacia la privacidad del individuo en nombre de la seguridad se vuelva a reconocer el sano principio de que es mejor que un delincuente quede libre a que todos seamos tratados como delincuentes.
