Palm Beach dice no a detenciones prolongadas de indocumentados

Condado ubicado en Florida solo acatará solicitudes de cortes federales

Miami. — El condado de Palm Beach en Florida no hará más detenciones prolongadas de indocumentados por petición de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) sin una orden de una corte federal.

El anunció lo hizo la oficina del alguacil del condado y responde a peticiones de organizaciones de derechos civiles.

“El condado requerirá órdenes de deportación firmadas por un juez federal, u otras órdenes judiciales relacionadas, para mantener a los detenidos más allá del tiempo (legal)”, precisó el alguacil del condado Ric Bradshaw en un comunicado.

La organización local People Engaged in Active Community (PEACE) aplaudió la nueva directriz de este condado al norte de Miami, aprobada luego de varias reuniones de funcionarios federales y del condado, en las que también participó esta organización.

Según EFE, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida informó que el pedido de mantener detenidos a indocumentados por parte de ICE ha sido considerado ilegal por diversas organizaciones de derechos civiles en el país y al menos 150 jurisdicciones de todo el país han rechazado colaborar con estas peticiones de ICE.

Según ACLU, estas “son meras peticiones, no son órdenes”, y además “plantean serios problemas constitucionales”, como violaciones al debido proceso de las personas bajo custodia.

Otro de los condados en Florida que ha puesto fin a las solicitudes de ICE es Miami-Dade, que desde el pasado 1 de enero no prolonga más la detención de personas en sus cárceles por pedidos de las autoridades migratorias.

Esta decisión del condado de Palm Beach se produce después de que la justicia determinase que las autoridades locales no están obligadas a colaborar con ICE y su programa Comunidades Seguras, por el que se indaga el estatus migratorios de los detenidos, aunque sea por delitos menores.

Los fallos judiciales, dados a conocer el pasado 14 de abril, se aplican a casos en Oregón y Pennsylvania y, confirman que la policía o los alguaciles locales podrían infringir los derechos constitucionales de los presuntos indocumentados si, por cumplir con el pedido de ICE, los mantienen detenidos a pesar de que esas personas ya podrían estar en libertad.

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