Algo se pudrió en México
Los políticos quieren controlar los medios porque no pueden hacer los mismo con la violencia y las protestas
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La libertad de expresión y las garantías individuales viven momentos tortuosos en México y con regresiones autoritarias. La última expresión de esta tendencia se consumaría en 10 días, cuando iba a entrar en vigor una Ley Mordaza en Sinaloa propuesta por el gobernador Mario López Valdés, y aprobada por el Congreso local la semana pasada, que establece que ningún medio de comunicación, por ningún motivo, podría tener acceso al lugar donde se cometió un crimen, y que no podría tomar video, fotografías o audio de la escena, como tampoco de las personas involucradas en el crimen. La única información a la que tendrían acceso, añade, será la que se proporcione en boletines de prensa. Es decir, nada que sea recopilado en forma independiente; todo empaquetado al gusto e interés de la autoridad.
Mediante el uso de herramientas constitucionales, el gobernador y el Congreso querían eliminar garantías constitucionales, utilizando los recursos de la ley para conculcar la libertad de expresión y enfrentar las libertades que garantiza el artículo séptimo constitucional, de la misma manera como el presidente Hugo Chávez utilizó la constitución venezolana y las leyes que el Congreso controlado por sus leales construían, con lo que creó un estado autoritario que borraba gradualmente las libertades, e iba cercenando las garantías individuales.
López Valdés se retracto este martes y adujo que la redacción había sido equivocada. Después de una semana que la defendió, no engaña a nadie. La presión es lo que lo hizo dar pasos para atrás. Pero su iniciativa no es una anomalía en el ejercicio de gobierno en este país. Cuando menos no en los últimos tiempos. La iniciativa de telecomunicaciones del presidente Enrique Peña Nieto incluía en el Inciso III del artículo 197 sobre obligaciones a concesionarios, “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”. ¿Quién iba a definir esos “lugares críticos”? La autoridad. ¿Cómo? En función también de sus intereses y necesidades particulares. Ese inciso fue modificado finalmente y se conjuró la amenaza a la libertad de expresión.
López Valdés podrá corregir esa ley que iba a entrar en vigor el 15 de octubre, pero como sucedió con el gobierno federal, las tentaciones por controlar a la prensa están en su código genético. De otra manera, no podría entenderse cómo propusieron semejante barbarismo antidemocrático en forma de ley. El hilo conductor en las dos iniciativas era la seguridad. Los gobiernos se han visto superados por la violencia y la mejor forma que encontraron para enfrentarla fue impedir la cobertura periodística de esos hechos.
Es decir, para utilizar un lugar común, quisieron tapar el sol con un dedo, pensando que al hacerlo, se oscurecería el día. Si este absurdo no es la racional imperante de quien propuso la idea original, ¿cómo puede explicarse? ¿Producto de una mentalidad totalitaria? ¿Son demócratas únicamente de palabra? ¿Por encontrarnos en una regresión política?
Hay un agotamiento del discurso oficial de que la violencia baja —aunque en términos generales es cierto-, porque las expectativas anunciadas por el consejero presidencial, Óscar Naranjo, el reconocido general de la Policía Nacional Colombiana por su victoria sobre Pablo Escobar, legendario jefe criminal del Cártel de Medellín, era que en los primeros 100 días de la administración Peña Nieto, la violencia bajaría. Naranjo no sabía de lo que hablaba porque no conocía México, ni la dinámica de los cárteles de la droga. Pero para su fortuna, e infortunio del Presidente, tampoco nadie sabía que no sabía nada. Este no es un juego de palabras, sino la descripción de cómo el uso libertino de las palabras, ha creado la amenaza sobre las libertades.
El plazo de Naranjo resultó imposible y tuvo efectos contraproducentes para todos. La violencia se incrementó y arrolló el cambio de discurso gubernamental donde vació de palabras criminales la retórica. No le dio el tiempo que necesitaba para que empezaran a funcionar las políticas de prevención, porque la velocidad de la violencia hizo inevitable la cobertura periodística, y se convirtió en una fuente permanente de electricidad en las redes sociales. El gobierno federal reorientó su estrategia para combatir el crimen y empezó a enfrentar a los delincuentes, pero se fue al extremo para higienizar una lucha que deja sangre y muertos.
Los intentos de censura fueron denunciados cuando el gobierno de Peña Nieto quiso convertirlos en ley, y su repliegue se agradece porque un Congreso mayoritariamente entregado al Presidente, habría sacado una Ley Mordaza como nunca la hubieran pensado los gobiernos más autoritarios que ha tenido México en su etapa moderna. Pero la intentona abrió el camino a la imitación. La llamada Ley Bala, en los términos originales como la pidió el gobierno de Rafael Moreno Valle al Congreso en Puebla, abría la posibilidad de criminalizar la protesta social, como también lo hacía el Inciso III del artículo 197 de la ley de telecomunicaciones.
La ley recién aprobada en Sinaloa, evoca los controles federales que se querían imponer sobre los medios.
Algo debe estar pudriéndose en México para que haya iniciativas políticas que buscan terminar con las libertades democráticas y emprender el regreso al oscurantismo autoritario. Haber reculado por ahora no elimina los riesgos de que lo vuelvan a intentar. Los temores de gobiernos democráticamente regresivos probaron ser ciertos.
